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El exchófer de Guerrero pide su libertad porque no hay riesgo de fuga y los delitos imputados han prescrito

el 01 abr 2012 / 10:50 h.

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Juan Francisco Trujillo, el exchófer del exdirector general de  Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier  Guerrero, que se encuentra en prisión imputado por 22 delitos dentro  de la investigación por las irregularidades detectadas en numerosos  expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la  Administración autonómica, ha solicitado su puesta en libertad al  entender que no existe riesgo de fuga y que los delitos que se le  imputan han prescrito.  

En este sentido, el abogado del exchófer de Guerrero, Antonio  Aguilar, elevó a finales de esta semana un recurso de apelación ante  la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que  recurre el auto de prisión dictado el pasado día 21 de marzo por la  magistrada al entender que supone "un grave perjuicio" para el  encartado y es "contrario a Derecho", añadiendo que la juez le ha  imputado una serie de delitos, hasta un total de 22, "en base a una  calificación jurídica grosera".  

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press,  el letrado de Juan Francisco Trujillo dice que la justificación de  riesgo de fuga "queda vacía de contenido", ya que carece de ingresos  económicos, "lo que impide que pueda lograrse la supuesta huida";  tiene arraigo social, ya que su mujer trabaja en el Ayuntamiento de  Andújar (Jaén) y es él quien se ocupa de cuidar a sus dos hijos  menores mientras su pareja desarrolla su jornada laboral, y "ha  mantenido una colaboración activa con la Justicia".  

Igualmente, hace referencia al hecho de que, en el presente caso,  "no puede ignorarse la prescripción de la mayoría" de los delitos  imputados, "si no todos", punto en el que alude además a que la pena  que podría corresponderle a su patrocinado por alguno de estos  delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias o la  prevaricación, "no excede de dos años".  

Al hilo de ello, precisa que el delito de obtención de  subvenciones "falseando las condiciones requeridas para ello" que le  imputa la juez Mercedes Alaya "notoriamente ha prescrito", mientras  que su cliente, en su declaración judicial, "contestó todo lo que se  le preguntó, a excepción de las acusaciones particulares, que solo  pretendían un proceso eminentemente político, y cuándo se le  preguntó", señala el recurso consultado por Europa Press.  

Además, señala que la resolución impugnada "afirma que, desde la  declaración prestada y conforme la misma se iba desarrollando",  Trujillo "ha podido contemplar la magnitud de la presunta actividad  delictiva por él desarrollada y que fundamenta el riesgo de fuga",  todo ello "a pesar de reconocerse su arraigo familiar y el haber  comparecido en ocasiones anteriores de forma voluntaria y sin  solicitar asistencia letrada".  

TRUJILLO "HA SIDO CONSCIENTE DEL ALCANCE DE SU DECLARACION"

"No se puede compartir la anterior afirmación, habida cuenta de  que en todo momento y desde 2011, cuando se realizan diversas  declaraciones policiales y judiciales, Trujillo ha sido consciente  del alcance de su declaración, pues es a través de las mismas cuando  se desarrolla el interrogatorio que precede a la medida y que  consiste en matizaciones y ampliación de detalles respecto de los  hechos delictivos confesados con anterioridad", apostilla.  

El abogado también niega que el exchófer de Guerrero pueda influir  en la destrucción de facturas supuestamente falsas "a fin de ocultar  nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva",  señalando que su cliente "ha dado respuesta sobre la elaboración" de  las mismas "y ha expresado de forma concisa quien las ha emitido y  quien las ha abonado".  

"A mayor abundamiento, las facturas obedecen a operaciones de 2004  y 2007, por lo que, si su intención hubiera sido la de hacerlas  desaparecer, ha disfrutado de un dilatado espacio de tiempo para  poder llevarlo a cabo, hecho que no ha sucedido, no siendo por lo  tanto justificable la medida adoptada", finaliza el abogado su  escrito.

HASTA 22 DELITOS


Inicialmente, la juez, que ha impuesto a Trujillo una fianza de  2,3 millones en concepto de responsabilidad civil, le imputó sendos  delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias,  malversación de caudales públicos y cohecho, así como tres delitos de  obtención indebida de ayudas públicas, otros tres de falsedad en  documento oficial, y un último delito de falsedad en documento  mercantil, pero tras la declaración consideró que existen "indicios"  de que pudiera haber incurrido en otros once delitos, como son cinco  de cohecho, cinco delitos de falsedad en documento mercantil y uno  último de alzamiento de bienes.  

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