Juan Francisco Trujillo, el exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se encuentra en prisión imputado por 22 delitos dentro de la investigación por las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha solicitado su puesta en libertad al entender que no existe riesgo de fuga y que los delitos que se le imputan han prescrito.
En este sentido, el abogado del exchófer de Guerrero, Antonio Aguilar, elevó a finales de esta semana un recurso de apelación ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que recurre el auto de prisión dictado el pasado día 21 de marzo por la magistrada al entender que supone "un grave perjuicio" para el encartado y es "contrario a Derecho", añadiendo que la juez le ha imputado una serie de delitos, hasta un total de 22, "en base a una calificación jurídica grosera".
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Juan Francisco Trujillo dice que la justificación de riesgo de fuga "queda vacía de contenido", ya que carece de ingresos económicos, "lo que impide que pueda lograrse la supuesta huida"; tiene arraigo social, ya que su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) y es él quien se ocupa de cuidar a sus dos hijos menores mientras su pareja desarrolla su jornada laboral, y "ha mantenido una colaboración activa con la Justicia".
Igualmente, hace referencia al hecho de que, en el presente caso, "no puede ignorarse la prescripción de la mayoría" de los delitos imputados, "si no todos", punto en el que alude además a que la pena que podría corresponderle a su patrocinado por alguno de estos delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias o la prevaricación, "no excede de dos años".
Al hilo de ello, precisa que el delito de obtención de subvenciones "falseando las condiciones requeridas para ello" que le imputa la juez Mercedes Alaya "notoriamente ha prescrito", mientras que su cliente, en su declaración judicial, "contestó todo lo que se le preguntó, a excepción de las acusaciones particulares, que solo pretendían un proceso eminentemente político, y cuándo se le preguntó", señala el recurso consultado por Europa Press.
Además, señala que la resolución impugnada "afirma que, desde la declaración prestada y conforme la misma se iba desarrollando", Trujillo "ha podido contemplar la magnitud de la presunta actividad delictiva por él desarrollada y que fundamenta el riesgo de fuga", todo ello "a pesar de reconocerse su arraigo familiar y el haber comparecido en ocasiones anteriores de forma voluntaria y sin solicitar asistencia letrada".
TRUJILLO "HA SIDO CONSCIENTE DEL ALCANCE DE SU DECLARACION"
"No se puede compartir la anterior afirmación, habida cuenta de que en todo momento y desde 2011, cuando se realizan diversas declaraciones policiales y judiciales, Trujillo ha sido consciente del alcance de su declaración, pues es a través de las mismas cuando se desarrolla el interrogatorio que precede a la medida y que consiste en matizaciones y ampliación de detalles respecto de los hechos delictivos confesados con anterioridad", apostilla.
El abogado también niega que el exchófer de Guerrero pueda influir en la destrucción de facturas supuestamente falsas "a fin de ocultar nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva", señalando que su cliente "ha dado respuesta sobre la elaboración" de las mismas "y ha expresado de forma concisa quien las ha emitido y quien las ha abonado".
"A mayor abundamiento, las facturas obedecen a operaciones de 2004 y 2007, por lo que, si su intención hubiera sido la de hacerlas desaparecer, ha disfrutado de un dilatado espacio de tiempo para poder llevarlo a cabo, hecho que no ha sucedido, no siendo por lo tanto justificable la medida adoptada", finaliza el abogado su escrito.
HASTA 22 DELITOS
Inicialmente, la juez, que ha impuesto a Trujillo una fianza de 2,3 millones en concepto de responsabilidad civil, le imputó sendos delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, así como tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, otros tres de falsedad en documento oficial, y un último delito de falsedad en documento mercantil, pero tras la declaración consideró que existen "indicios" de que pudiera haber incurrido en otros once delitos, como son cinco de cohecho, cinco delitos de falsedad en documento mercantil y uno último de alzamiento de bienes.
