Como miembro del Gobierno andaluz, el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández era público hasta hace poco. Luego Fernández fue imputado en el supuesto fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, ordenó a la Policía Judicial que investigara el patrimonio del exconsejero y otros exaltos cargos de su departamento y que dicha investigación se hiciera "extensiva a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y/o parejas, así como los hermanos y sus cónyuges y sus parejas".
Fernández respondió que no tenía nada que ocultar, pero sus abogados han recurrido ese último auto de la jueza porque lo consideran "contrario a Derecho" y porque supone una invasión del derecho a su intimidad y de los suyos, avanzó ayer el grupo Joly, en referencia a un escrito remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Fernández fue consejero de Empleo entre el 24 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010, años en los que aparentemente se produjeron irregularidades en la concesión de ayudas a empresas en crisis, de las que se beneficiaron personas que nunca habían trabajado en las sociedades sometidas a un ERE (los supuestos 72 intrusos o falsos prejubilados). La jueza Alaya imputó a Fernández, entre otros motivos, por su inclusión en el ERE de 2008 de la empresa González Byass , "cuando él dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981". Alaya lo considera "indiciario conocedor" de las pólizas particulares que firmó el exdirector general de Trabajo y principal encausado, Francisco Javier Guerrero, para los supuestos intrusos. Pese a todo, los abogados de Fernández insisten en que la imputación de su defendido es débil y "endeble", y que no está suficientemente sustentada en pruebas, sino en la declaración de Guerrero, que no ha sido ratificada en sede judicial y carece de "virtualidad incriminatoria".
El exconsejero sostiene que atribuirle responsabilidad directa en el supuesto fraude y aseverar que debía estar en conocimiento de las supuestas irregularidades que se gestaban en su departamento le somete a una "completa indefensión", porque ni siquiera ha prestado declaración en relación a estos hechos.
En el auto de Alaya que justifica la imputación de Fernández se recuerda que el exconsejero era "la máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado", algo que el exconsejero niega porque sostiene que la decisión y autorización de los ERE eran "de competencia personal y exclusiva" del entonces director general de Trabajo. También niega haber conocido los informes de la Intervención General de la Junta que cuestionaba el procedimiento en la concesión de ayudas a empresas en crisis.
