La Junta de Andalucía otorgó más de 104 millones de euros en ayudas a 111 empresas sevillanas desde 2001 hasta julio de 2009, coincidiendo con la etapa que Antonio Rivas desempeñó el cargo de delegado provincial de Empleo. Un dato que para la Fiscalía Anticorrupción resulta sospechoso, comparando con otras provincias como Málaga, donde en el mismo periodo solo se concedieron 11. El fiscal le reclama a Rivas, que ayer se acogió a su derecho a no declarar, casi 5,6 millones de euros en fianza civil, después de que la jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE), le haya imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencia.
Anticorrupción, según consta en el acta de comparecencia, considera que este dato refuerza la sospecha de que Rivas influyera para la inclusión de intrusos en cinco ERE: Mercasevilla, Intersur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox. «La existencia de estos indicios se une al hecho diferencial con otras posibles personas que han ocupado el mismo cargo que el imputado, del importante volumen de ayudas que se han tramitado conforme al procedimiento específico en la provincia de Sevilla», aseguró el fiscal en su intervención durante la vista sobre medidas cautelares.
Para ello, toma base un correo electrónico de la ex técnico de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, que consta en el sumario, de fecha 10 de julio de 2009, «en el que de forma resumida se recoge que en la provincia de Sevilla y hasta esa fecha se habrían tramitado 111 ayudas, con un montante de 104.037.261 euros, cifra en cuanto al número de empresas que se vieron beneficiadas muy superior al resto de provincias, basta reseñar, 6 en Granada, 11 en Málaga, 2 en Almería y 15 en Cádiz».
Con esto, el fiscal reclama que se le impongan 5.579.696 euros como fianza civil, que se corresponderían con las cantidades que cobraron los intrusos en los citados ERE más el tercio legal correspondiente, con el fin «de asegurar en lo mayor posible el reintegro de los fondos malversados». Esta cantidad desglosada se correspondería a 444.982 euros del ERE de Calderinox; 984.921 euros del de Surcolor;425.680 euros por Intersur; y por último 2.339.677 euros por Aglomerados Morell. La Junta por su parte pide 4.347.000 euros.
Y es que Rivas, según la jueza Mercedes Alaya, como «autoridad laboral competente autorizaría un considerable número de ERE de empresas que recibirían subvenciones sociolaborales de la Dirección General de Trabajo con total ausencia de procedimiento, para la prejubilación de sus trabajadores». A su juicio esta «falta de procedimiento que era conocido por Rivas pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial, pese a lo cual gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas, así como en la inclusión de ciertos intrusos».
Así, la jueza en el ERE de Mercasevilla de 2007, además de otras irregularidades, se introdujo un intruso indiciariamente con el conocimiento» de Rivas; mientras que en el de Intersur «ejercería su influencia» sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, «para que tres conocidos suyos (familiares y personas cercanas a él de su etapa como alcalde de Camas) fueran incluidos en la póliza de esta empresa pese a no haber trabajado nunca en la misma, sin mediar solicitud alguna de ayuda». Unas «influencias» que, según Alaya, también utilizó para que se «concediera la subvención para la prejubilación de los trabajadores de las empresas Surcolor y Surcolor Óptica y para dos más de su circulo personal»; y para el ERE de Calderinox, ya con Juan Márquez como director general, para incluir a un afiliado de CCOO y a un ex alto cargo de la Junta.
Por último, en el ERE de Aglomerados Morell, la jueza cree que «se comprometería a la obtención por parte de la familia Morell de importantes subvenciones por importe de más de dos millones de euros» por trasladar la empresa a Villanueva del Río y contratar a personal de allí y así favorecer a la alcaldesa socialista de la localidad.
Por su parte, el abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, aseguró que «no tiene nada que esconder» e insistió en que las irregularidades fueron detectadas en las pólizas y «no en los expexientes de regulación de empleo», que era lo que revisaba y autorizaba Rivas. Además, negó que se haya enriquecido, recalcando que es «una familia modesta y trabajadora».
Extorsión
Anticorrupción ha pedido investigar la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por Carlos Leal, abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís imputado en los ERE, quien denunció que un amigo personal de un testaferro de los expedientes le intentó extorsionar al reclamarle el pago de 60.000 euros a cambio de no hacer público una vídeograbación que supuestamente le incriminaba. En un nuevo atestado, consultado por Europa Press, la Guardia Civil relata que, el 16 de julio de 2013, Carlos Leal denunció que había recibido varias llamadas telefónicas de una persona sin identificar y de Antonio Becerril, amigo «personal» del presunto testaferro Eduardo Leal del Real, en las que éste le reclamaba el pago de 60.000 euros a cambio de no hacer entrega a los medios de comunicación o al Juzgado de una vídeograbación.
