El abogado del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha recurrido ante el Juzgado de Instrucción número seis la imputación de su cliente en la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE).
La defensa de Rivas, Jon Ander Sánchez, esgrime que las diligencias han revelado que la introducción de las falsas prejubilaciones está asociada a las pólizas de seguro de estos ERE pero no a su aprobación por la autoridad laboral. Y lo explica: según el relato de este abogado, los falsos prejubilados aparecieron en los ERE después de que los revisara Rivas, no antes ni durante esa revisión.
Sánchez emitió un recurso de reforma, subsidiario de apelación, contra el auto de imputación de Rivas, dictado el 16 de abril por la juez Mercedes Alaya, que investiga tanto esta trama de falsas prejubilaciones como la fórmula gracias a la cual el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) pagó incentivos para la reestructuración de empresas en crisis, dado que tal aspecto habría propiciado una falta de fiscalización de las ayudas.
Mediante el mencionado auto la juez consideraba que Rivas había "autorizado un buen número de expedientes de regulación de empleo en los que han sido detectados falsos trabajadores", destacando "especialmente" el ERE de Mercasevilla de 2007.
La imputación de Rivas, deviene de la prejubilación de Antonio Garrido Santoyo en este ERE, pues Garrido Santoyo, exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) jamás había trabajado en la lonja sevillana.
Para la juez, este jiennense fue prejubilado con relación a este ERE "indiciariamente, con su conocimiento", en alusión a Rivas. También entiende la juez Alaya que Rivas podría tener responsabilidades en la prejubilación de un trabajador de Mercasevilla "contratado el mismo día de su inclusión en el ERE" de 2007, así como del posible trato de "favor" del que podría haber gozado su cuñado, José Antonio Márquez.
