Alaya acusa al exdirector de Presupuestos de conocer las irregularidades desde que llegó al cargo en 2009

Buenaventura Aguilera se negó a declarar al rechazar la jueza dejarle tiempo para analizar sus imputaciones por prevaricación y malversación.

el 24 sep 2013 / 11:11 h.

buenaventura-aguileraEl que fuera director general de Presupuestos de la Junta desde abril de 2009 hasta junio de 2012 Buenaventura Aguilera se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga un presunto fraude en las ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo durante una década, al negarse la magistrada a dejarle un tiempo para analizar los cargos de los que acusa –prevaricación y malversación de caudales públicos- tras leerle las imputaciones al comienzo de su declaración en los juzgados. Alaya cree que Aguilera “conocía las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria” con la que se sufragan las pólizas de los ERE bajo sospecha desde que llegó al cargo en 2009 sustituyendo a Antonio Lozano, imputado por los mismos delitos y que suspendió su declaración el pasado jueves porque no se estaban respetando “sus garantías”. La jueza señala en su escrito de imputación que a los 45 días del cese de Lozano y su sustitución por Aguilera se dictó una instrucción para cambiar el sistema de transferencias de financiación usado hasta entonces para dotar de fondos al órgano pagador de las ayudas, el IFA (hoy IDEA), un sistema que el interventor general de la Junta alertó en 15 informes de que resultaba inadecuado para pagar subvenciones. Sin embargo, fue un cambio meramente formal, según Alaya, y que Aguilera, “aunque le competía” no trasladó en las reuniones técnicas preparatorias de los Presupuestos de la Junta. Sostiene que se siguió usando y que el cambio “real” no se produjo hasta 2012 “cuando el imputado llevaba ya dos años en el cargo”. Tras la lectura de la imputación, Aguilera pidió un receso para poder analizar los cargos al no haber tenido conocimiento previo de los mismos mediante el auto en el que se le citó a declarar hoy como imputado. La jueza rechazó la petición y alegó, como ha hecho en otras ocasiones, que no es necesario concretar los hechos previamente sino al inicio de la declaración y que puesto que tiene acceso a las actuaciones de la causa conocía sobre qué le iba a preguntar. Tras la protesta de su abogado, el letrado José María Mohedano que comparte con Lozano –después de que ayer la jueza diera marcha atrás en su negativa a que representara a ambos por una cuestión de incompatibilidad- Aguilera se acogió a su derecho a no declarar por considerar que no estaban respetando sus “garantías”. El exdirector general de Presupuesto y su defensa se negaron a firmar el acta de la declaración porque según Mohedano “no refleja lo que ha pasado en la sala” ya que aunque “se deduce” en la protesta del abogado, no recoge expresamente el motivo por el cual Aguilera decidió no responder a las preguntas de la jueza. La defensa de Aguilera pidió que se anulara la declaración que en agosto de 2012 su cliente prestó como testigo, y por tanto sin asistencia jurídica y con obligación de decir la verdad, ante la Guardia Civil, al considerar que existe una “contradicción” al ser llamada la misma persona en una causa para declarar como testigo ante la Guarcia Civil y como imputado por la jueza. Alaya señaló que la Guardia Civil cuenta con “autonomía” en la investigación “hasta el punto de que esta instructora no conoce todas” sus actuaciones. Para Mohedano, ello es “gravísimo” porque “yo interpreto que hay una instrucción paralela de la Guardia Civil”. El letrado defendió el “afán de colaboración” de su cliente en la causa, y esgrimió su “extensa declaración como testigo ante la Guardia Civil” y un informe aportado posteriormente “explicando todo el procedimiento de las modificaciones presupuestarias”. Posteriormente, se celebró la vistilla de medidas cautelares en las que la Fiscalía no pidió nada, la acusación ejercida por el PP solicitó una fianza civil fijada con los mismos criterios que la establecida para Lozano –la jueza ha impuesto a éste 46,6 millones de euros en base a las partidas presupuestarias de Empleo y las 12 modificaciones presupuestarias que tramitó por valor de 57 millones de euros- y la acusación del sindicato Manos Limpias pidió 20 millones de fianza civil, ya que la jueza en su escrito de imputación atribuye a Aguilera la tramitación de dos modificaciones presupuestarias en 2009 por valor de 300.000 euros y en 2010 por 20 millones. Durante su exposición, el abogado de Manos Limpias criticó la “incomprensible actuación” del fiscal Anticorrupción al no pedir medidas cautelares –como ya hizo con Lozano- y le acusó de que “obedece instrucciones políticas”. El letrado de Aguilera criticó que la jueza haya “tolerado sin inmutarse” el “rapapolvo” de Manos Limpias al fiscal y planteó un “incidente procesal” al considerar que las acusaciones populares ejercidas por el PP y Manos Limpias “no tienen legitimidad para pedir medidas civiles”. “Si adopta medidas civiles en la línea de las que únicamente han pedido acusaciones ilegítimamente, esas decisión estará contaminada política y legalmente”, afirmó Mohedano. La jueza puede acordar medidas cautelares sin que ninguna de las partes las solicite pero según el letrado, ya ha actuado siguiendo esa solicitud “ilegítima” en el caso de la fianza impuesta a Lozano –solo Manos Limpias y el PP pidieran fijar una fianza civil y solicitaron 76 millones-, por lo que Mohedano anunció que recurrirá el auto en el que fija una fianza civil de 46,6 millones para Lozano. En el caso de Aguilera, resolverá en unos días si adopta medidas cautelares contra él y ante la petición de su defensa para que ella y las partes se pronuncien sobre la legitimidad de Manos Limpias y el PP para pedirlas da un plazo de tres días para que lo hagan, aunque Mohedano solicitó que se pronunciara hoy en la sala. El exdirector general de Presupuesto y su defensa se negaron a firmar el acta de la declaración porque según Mohedano “no refleja lo que ha pasado en la sala” ya que aunque “se deduce” en la protesta del abogado, no recoge expresamente el motivo por el cual Aguilera decidió no responder a las preguntas de la jueza.

  • 1