El exinterventor imputado por los ERE dice que la Junta "hizo caso omiso" a sus alertas

Gómez Martínez también indica que la Comisión de Viceconsejeros, presidida por Zarrías, tuvo un proyecto de regulación que "de manera inexplicable" no se puso en marcha.

el 30 mar 2014 / 18:56 h.

Manuel Gómez Martínez, exinterventor de la Junta imputado por los ERE. / EFE Manuel Gómez Martínez, exinterventor de la Junta imputado por los ERE. / EFE Manuel Gómez Martínez, exinterventor de la Junta imputado por los ERE, dice que el Gobierno andaluz hizo "caso omiso" a sus alertas y que la Comisión de Viceconsejeros, que presidía Gaspar Zarrías, tuvo un proyecto de regulación que "de manera inexplicable" no se puso en marcha.   Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta durante diez años, ha presentado al juzgado que investiga los ERE un documento de dos centenares de folios en el que afirma que elevó varios informes advirtiendo de que el sistema de ayudas era "inadecuado debido, entre otras cosas, a los riesgos que conllevaba".   La Intervención General de la Junta "realizó numerosas alertas sobre la gestión del programa 31L y las deficiencias en la gestión de las transferencias de financiación" en el periodo entre el 2000 y el 2010, afirma.   Pero el Gobierno andaluz "hizo caso omiso de tales observaciones, con las consecuencias de todos conocidas", recoge Gómez Martínez en un texto al que ha tenido acceso Efe.   Entre otros, relata que en octubre del 2000 la Dirección General de Trabajo remitió un proyecto de decreto relativo al "procedimiento para la concesión de ayudas sociales a trabajadores afectados por procesos de reconversión", al que la Intervención contestó con una serie de consejos sobre los requisitos de los beneficiarios, el objeto de la subvención y los criterios de concesión.   "Tales criterios fueron conocidos, con toda probabilidad, por las máximas autoridades del gobierno de la Junta", pues el asunto pareció entrar en la agenda de la Comisión General de Viceconsejeros -que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías- en noviembre del 2000, asegura.   De nuevo en diciembre del 2004, la Dirección General solicitó otro informe preceptivo de la Intervención a un proyecto de orden relativo al procedimiento para la concesión de ayudas sociales a trabajadores, al que Gómez Martínez respondió en enero del 2005 pero también en ese caso la orden "no llegó a buen puerto, mediante su aprobación y publicación".   Gómez Martínez afirma que "desde una visión retrospectiva del asunto, resulta inexplicable que los órganos competentes no llegaran a poner en marcha sendos proyectos", el del 2000 y del 2004, lo que "a todas luces habrían, si no impedido, al menos dificultado extraordinariamente los fraudes que han sido posteriormente conocidos".   El exinterventor cree que las ayudas investigadas no constituían "una abierta y grosera ilegalidad", pero sí se daban con un sistema "caracterizado por el incumplimiento de los más elementales principios del procedimiento administrativo y de la actividad financiera pública, como la publicidad, la objetividad, la legalidad y la suficiencia presupuestaria".   Su informe critica a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que "dejó de lado reiteradamente señales evidentes" y "resulta estruendoso su mutismo".   Sobre el Parlamento de Andalucía, sostiene que "no sólo autorizo expresamente que la partida de las transferencias de financiación tuviera como destino la financiación de un programa de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, sino que conocía perfectamente los elementos esenciales del modelo de gestión y financiación puesto en práctica" por la documentación anexa a los Presupuestos.   La Intervención General dio "numerosos avisos y advertencias a las autoridades de la Junta", su control financiero permanente sobre las agencias IFA e IDEA fue comunicado "al menos a la entidad auditada, a la Consejería en la que se encuentran adscritas y a la Consejería de Hacienda" y ya desde 2001 "advirtió de que se estaba produciendo uno uso inadecuado por parte de la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación".   Precisa el dato de que "la auditoría de cumplimiento de 2003 enuneró pormenorizadamente la concurrencia de hasta 23 irregularidades legales distintas en un solo expediente".   Gómez Martínez considera "evidente que la eliminación de los límites y de los controles que se deriva del modelo adoptado no fue una fatal consecuencia de un error de cálculo, sino el resultado perseguido por una determinada política, cualquiera que sea la valoración que esta merezca".

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