Alaya ha concluido esta noche la toma de declaración de todos los detenidos que aún quedaban bajo arresto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De los seis que han desfilado durante todo el día ante su señoría, solo uno ha ido a prisión, el resto quedaron en libertad con cargos. Se trata de de Enrique José Finch Ramos, directivo de Adif Córdoba, a quien la juez acusa de cobrar en comisiones 1.004.624 euros entre 2003 y 2012, lo que le convierte en el funcionario mejor pagado de esta organización criminal jerarquizada, como la denomina la jueza, al menos hasta ahora. Finch podrá abandonar la cárcel si abona 250.000 euros de fianza.
Eso fue lo que precisamente ha hecho esta tarde el jefe de servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, quien entró en prisión ayer por la noche, pero hoy ha salido tras haber pagado los 100.000 euros de fianza. Podio habría podido cobrar hasta 111.000 euros como contraprestación entre 2001 y 2013.
También ha declarado Antonio Ruiz Carmona, el ya cesado como representante de IU en la Comisión de Venta Ambulante del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha quedado en libertad con cargos. La instructora cree que Ruiz podría haber cobrado hasta 155.000 euros en mordidas, 70.000 de los cuales le fueron entregados en un caja de zapatos, cuando era asesor técnico de Infraestructuras para la Sostenibilidad cuando el ex teniente de alcalde y portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos estaba al frente de la misma. Esta tarde, también ha quedado en libertad con cargos el jefe de Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura, José María Pizarro, quien habría recibido 66.050 euros entre 2006 y 2012 a cambio de la adjudicación de contratos y facturación superior a lo ejecutado por parte de Fitonovo. Antes, durante la mañana, la magistrada también ha dejado en libertad con cargo al segundo teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); al asesor jurídico de Fitonovo en Sevilla, Carlos Gamito González, y al adjunto al consejero delegado de Fitonovo, Pablo Pérez Benedicto, que fue detenido en Sevilla. Todos, los seis, se acogieron a su derecho a no declarar.
