El exvicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y expatrono de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (Fudes), vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Juan Salas Tornero, imputado en el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida Isbylia, promovida por esa fundación, ha reconocido sentirse "una víctima" y asegura que no entiende su imputación. En declaraciones a Europa Press, Salas Tornero ha indicado que él asumió el cargo de presidente de la fundación cuando falleció el entonces presidente de la misma y también presidente de la CEA, Rafael Alvarez Colunga, en diciembre de 2008, y presentó su dimisión "irrevocable" el 30 de junio de 2011, aunque permaneció en el cargo de forma transitoria hasta finales de 2012, momento en que renunció de forma definitiva como presidente y como patrono de la fundación. Ha indicado que "entre 2011 y 2012 sólo me limité a firmar lo imprescindible para que la obra no se parara", hasta que en 2012 el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, también imputado en este caso, asumió el cargo de presidente de la fundación. En ese sentido, Salas Tornero se ha mostrado "indignado" por esta imputación, toda vez que "tras la muerte de Alvarez Colunga, cogí la fundación y me encontré con una obra inacabada y dejé las obras de las viviendas acabadas, con algunas viviendas entregadas". Salas Tornero ha asegurado que esta fundación y esta promoción "nunca ha sido un negocio para mí" y ha recordado que "por primera vez he sido imputado en algo". Tras recordar que "hace 30 años" que no es vicepresidente de la CEA, Salas Tornero reconoce "sentirse solo" y asegura que es "una víctima" de este tema, toda vez que asegura no entender su imputación. La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la fundación vinculada a la CEA, además de a los máximos dirigentes de la promotora Dolmen Consulting, en el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida Isbylia, promovida por la citada fundación.
