«El expolio que ha sufrido el Palacio de Peñaflor es susceptible de una causa penal»

El letrado que asumió el caso recuerda que quedan dos años para que el delito prescriba

el 12 oct 2014 / 16:00 h.

El abogado Fernando Osuna, en las jornadas de Amigos de Écija. Foto: M. R. El abogado Fernando Osuna, en las jornadas de Amigos de Écija. Foto: M. R. El abogado ecijano Fernando Osuna piensa que existen responsabilidades penales en la desaparición de bienes muebles durante las frustradas obras para convertir el Palacio de Peñaflor en un hotel. Aunque el caso se cerró hace un año, Osuna afirmó que este podría volver a abrirse. El letrado aseguró que «lo sucedido en el palacio es susceptible de causa penal» y que las penas en caso de que los responsables fueran encausados irían de entre uno y tres años de cárcel «más las responsabilidades civiles y la devolución de lo sustraído». «Son unas penas altas, penas de 100.000 euros a un millón, según la gravedad», afirmó el letrado, que apunta la existencia de jurisprudencia anterior, en concreto sentencias del Tribunal Supremo sobre sucesos similares en Gibraleón (Huelva), la biblioteca diocesana de Zamora y en Fregenal de la Sierra (Cáceres). Osuna ofreció estos datos, entre otros, en una conferencia organizada por la asociación Amigos de Écija sobre el proceso judicial seguido en el presunto expolio de los bienes muebles del Palacio de Peñaflor, que llevó en parte su bufete de abogados. El Palacio de Peñaflor tiene la calificación de monumento nacional desde 1963, «y es un importante centro de atracción turística», propiedad del Ayuntamiento de Écija desde 1990, recordó el letrado, que repasó en su charla el proceso de deterioro del edificio desde que en 2003 fue desalojado para iniciar las frustradas obras de su conversión en un hotel de lujo. La adjudicación de las obras ya fue, para Osuna, «un tanto anómala y peculiar, ya que no se daban todas las garantías». El 28 de abril de 2005, las obras del hotel en Peñaflor se adjudican a la empresa Villa Turística de Serón S.A. (Viturse) y «empiezan los problemas y los daños en la fachada», rememoró Osuna. Con la posterior suspensión del proyecto, el inmueble quedó abandonado y en ruinas. Además, acusó el abogado, tiene lugar el expolio de parte de sus bienes muebles, trasladados del edificio a una nave industrial. «Desaparecen muchos cuadros, sillas, mesas, escritorios, jarrones, lámparas…», enumeró Osuna. delito patrimonial. Un ciudadano particular denunció el hecho como presunto delito contra el patrimonio. A la causa judicial se unió el Partido Andalucista (PA), que se presenta como acusación popular, para lo que contrata al bufete de Fernando Osuna, que actúa de manera desinteresada «en defensa de una causa que considerábamos noble, justa y en defensa de un bien de nuestro patrimonio histórico». «Nos encontramos sin pruebas concretas, todo lo que teníamos eran indicios», comentó Osuna. El PA se retiró del caso y el abogado lo dejó «porque no tenía cliente». «Todo se hizo muy mal, la Fiscalía tuvo una actuación muy censurable, debió implicarse más, y el juez no pudo seguir de oficio una vez que las acusaciones desaparecen», lamentó este abogado. A todo eso se suma el anecdotario, como el hecho que un imputado tuviera su domicilio en un barco. El único acusado, el gerente de Viturse, no acudió a declarar pese a ser citado. «No pudo ser localizado pero el juez lo consideró imputado. Yo mismo tuve que ir a un barco en un puerto de Almería donde aparecía que tenía fijado su domicilio este individuo, que tenía un bagaje delictivo considerable», recordó. En opinión del abogado, el problema reside en la inactividad de la administración. <La ley de patrimonio histórico dice que los ayuntamientos cooperarán en la conservación y custodia del patrimonio, y algunas administraciones han tomado cartas en el asunto en sucesos parecidos», algo que no ha ocurrido en este caso. Según relató Osuna, quedan dos años para que prescriba el presunto delito contra el patrimonio cometido en el Palacio de Peñaflor. El abogado insistió al respecto en que el caso se puede reanudar tomando la vía de las acciones penales, recurriendo a la abogacía del Estado para que entable acciones civiles «o que retome el litigio una asociación o grupo de usuarios que pueden recurrir a la justicia gratuita».

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