Ya nadie quiere declarar ante ella. Atrás quedaron esas largas jornadas en los que los imputados se encerraban en el despacho de la jueza Mercedes Alaya para salir horas después , o incluso días después, con la cara desencajada y un visible cansancio. Tres años de instrucción han dado lo suficiente como para conocer los interrogatorios de la magistrada y poco a poco los nuevos implicados en el caso han optado por guardar silencio. Especialmente, desde que la Fiscalía le repite una y otra vez que ya «no es competente» y que tiene que elevar el caso al Tribunal Supremo. De todos los convocados esta semana, ninguno ha declarado. Ayer, tampoco lo hizo el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón ni la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís, los dos únicos imputados que comparecieron ayer de los cinco que estaban citados.
La jornada no dio para mucho, lo que hizo que toda la atención se centrara en la foto de Bueno Lidón entrando en el juzgado y en la queja que la Asociación de la Prensa de Sevilla presentó ayer contra la magistrada por haber retenido el móvil a un periodista porque éste lo estaba cargando en un enchufe cercano a su despacho. Fue el tema más comentado entre funcionarios y abogados que no daban crédito a tal incidente.
Del cartel de ayer ya se había caído el presidente de Unicaja Braulio Medel, después de que Alaya accediera el lunes a posponer su comparecencia al 5 de junio, lo que hizo que toda la atención mediática fuera para el expresidente de El Monte. Éste llegó acompañado de su letrado y se acogió a su derecho constitucional a no declarar, según confirmaron fuentes del caso. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar contra él, ni la imposición de fianza civil. Los 25 imputados citados inicialmente para este semana han sido implicados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 por haber pertenecido al Consejo Rector del IFA, luego Agencia IDEA, y haber aprobado los convenios entre las empresas y la Dirección General de Trabajo que permitieron el cobro de fraudulento de las ayudas. De esta forma, sobre Bueno Lidón, la magistrada destaca que asistió en total a 26 sesiones de las 32 analizadas del Consejo Rector de IFA, en las que se le dio cuenta «mediante concreta información» de la firma de 60 convenios entre esta entidad y Empleo «para el pago de subvenciones comprometidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación», el sistema usado para el pago y con el que se «eludía» todos los controles, según la jueza.
«A ninguno de dichos convenios, ejerciendo su labor de control, opuso reparo alguno», asevera la magistrada en el auto de imputación. A esto añade que «existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la Consejería de Empleo» en la sesión de 11 de junio de 2007 por importe de 58 millones de euros, «y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once convenios».
Ayer también compareció la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís, quien igualmente se negó a declarar y para quien el Ministerio Público tampoco pidió medida cautelar alguna. Según Alaya, como vocal del Consejo Rector de IDEA desde junio de 2004 hasta junio de 2006 comparecería en tres sesiones en las que «se ratificarían dos convenios y se autorizarían la firma de otros tres, votando pues a favor de cinco convenios».
Ayer también estaban citados había citado para este miércoles a otros dos imputados que, igualmente, formaron parte entre los años 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA y la Agencia IDEA. Uno de ellos es Rafael Herrera Gil, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004, que no acudió al juzgado por motivos de salud; y el otro Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales, quien no asistió al encontrarse fuera de Sevilla.
Queja al Tsja. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Sevilla presentó ayer ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una queja por la «desproporcionada reacción» de la jueza Alaya, que el martes retuvo el móvil a un periodista que lo había puesto a cargar en un enchufe cercano a su despacho porque se le había apagado. La jueza ordenó a la Guardia Civil que comprobara si la había grabado, «a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado», explica la queja. «Lo más grave de esta actitud el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas», lamenta la entidad.
