La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ayer el ingreso en prisión del único alto cargo de la Junta que se ha negado a declarar por ahora ante la jueza Mercedes Alaya, quien, a petición del fiscal, le ha retirado el DNI y pasaporte para evitar que pueda salir del país. El Ministerio Público también ha solicitado para él una fianza en concepto de responsabilidad civil de 624 millones de euros por haber "regalado" 247 ayudas durante su mando, que supusieron un cargo de más de 468 millones de euros a la partida 31L de la Junta, más conocida como "fondo de reptiles". Barberá, imputado por cuatro delitos, también deberá personarse semanalmente en el juzgado.
El viceconsejero se acogió a su derecho a no declarar después de que la jueza Alaya le leyese una amplia y detallada imputación, en la que destacó que en su etapa "se institucionalizaría la arbitrariedad y la desigualdad de las ayudas públicas". Éstas "presuntamente se regalaban fraudulentamente a determinadas personas, que conformaban un extenso grupo, cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta, a sindicatos y al PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación o conveniencia política u otro tipo de interés".
Así, consideró que Barberá otorgó, entre abril de 2004 y marzo de 2010, "220 ayudas sociolaborales y 27 ayudas directas, asumiendo durante su etapa el pago de subvenciones ya concedidas", lo que supuso "el uso de fondos públicos por importe de 468.015.084 euros". Todo ello, pese a que "las consecuencias de este irregular procedimiento fueron conocidas por el viceconsejero" cuando la Intervención General de la Junta realizó en 2005 dos informes en los que advertían de la "total inadecuación del procedimiento". Alaya le reprocha que "no pusiera en conocimiento" de la autoridad judicial estos hechos y que "tampoco ordenara ningún procedimiento de revisión y reintegro" de las ayudas otorgadas.
En su imputación la jueza Alaya también asegura que Barberá "conocía, consentía y propiciaba, con un criterio desigualitario y contrario al interés general", la financiación por parte de la Junta de trabajadores , "pero sólo de aquellas empresas que por un motivo u otro estuvieran próximas a la Administración". Igualmente, cree que "tuvo que conocer y consentir el interés" de Fernández de favorecer a la que había sido su empresa, González Byass, a cuyo ERE se acogió.
Por todo ello, imputó al exalto cargo los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos, todos ellos con carácter continuado, lo que agravaría una posible condena. Tras escuchar esta imputación, su abogado, Pedro Apalategui, solicitó un receso aconsejando a su cliente no declarar por la ampliación de la imputación. Así lo hizo el exviceconsejero, que únicamente aclaró que es "funcionario y licenciado en Derecho".
El siguiente paso fue celebrar la vistilla de medidas cautelares, en la que el fiscal, como ya hiciera con los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Rivera, no solicitó su ingreso en prisión. Todo ello después de que la Audiencia revocara tanto su criterio como el de Alaya, dejando en libertad bajo fianza al exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Tras estas decisiones la magistrada decidió de oficio dejar en libertad bajo fianza a Guerrero. El fiscal sí solicitó que como medidas personales se le retirara el DNI y el pasaporte, para evitar que salga del país y la comparecencia semanal.
Medidas que fueron aceptadas por la jueza, que, en cambio, no se pronunció sobre la fianza por responsabilidad civil (no pensada para eludir la prisión) de 624 millones de euros que reclamó la Fiscalía. Una petición a la que se adhirió el PP, pero no la Junta que solicita 18 millones de euros. Su defensa se opuso.
Esta nueva postura de la Fiscalía Anticorrupción puede acabar con algún tipo de acción legal contra la misma, ya que ayer el abogado de Guerrero anunció que no descarta iniciar acciones legales por no haber solicitado la prisión para Márquez, Rivera y Barberá, como hizo con el propio exdirector general y Fernández.
El que fuera número dos de Empleo ya había comparecido ante Alaya, aunque como testigo del caso Mercasevilla, a raíz del cual se destapó el de los ERE, al ser él quien denunció el supuesto cohecho en la Fiscalía.
