El próximo 31 de diciembre finalizan los contratos de arrendamiento de renta antigua firmados antes de mayo de 1985, por lo que 30.000 negocios en Andalucía y un total de 200.000 en todo el país se verán afectados, según las estimaciones realizadas por la organización de autónomos UPTA, que alertó de que los nuevos precios de los alquileres (que se podrían hasta triplicar) provocarán el cierre de comercios y establecimientos hoteleros y «una gran destrucción de empleo». 
Esto es lo que opina la secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA-A), Inés Mazuela, quien auguró «un caos» si finalmente se ejecuta esta medida recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. «Se venía aplicando una moratoria por la crisis que existía y, ahora, con una crisis mucho más grande no se puede ejecutar el fin de las rentas antiguas de comercios y hoteles. Por eso hemos pedido una moratoria de cinco años que el PSOE ha presentado en una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia», explicó confiada en que la comisión de Economía del Congreso acepte la propuesta y los empresarios tengan tiempo suficiente para negociar el precio de las nuevas rentas y para que mejore el panorama económico del país.
Mazuela sostiene que la recuperación económica no será una realidad hasta que el crédito vuelva a fluir y se recupere el consumo.
«Los datos del pasado mes indican que bajó el número de autonómos en Andalucía, rompiéndose la tendencia, así que habrá que esperar al otoño para valorar mejor los datos de la creación de empleo», indicó la secretaria general de UPTA-A, quien enumeró algunas de las reivindicaciones del colectivo de trabajadores autónomos.
En su opinión, las medidas de incentivación como la tarifa plana tienen que complementarse con otras para consolidar ese trabajo autónomo. «Son claves la incentivación del consumo y la bajada de los impuestos, así como que se establezcan cuotas de autónomos en función de los ingresos reales», indicó.
Además, Inés Mazuela reclama una mayor protección social del autónomo. «Al 50 por ciento de los que han solicitado el paro se les ha denegado porque es muy difícil acreditar las pérdidas como exige la normativa. ¿Por qué no pueden tener subsidios?», preguntó.
La modificación de la Ley de Morosidad para su endurecimiento y la necesidad de articular medidas que fortalezcan al colectivo son otras de las reivindicaciones de los trabajadores autónomos.
Todo esto llega en un momento crítico para el sector, que ha perdido un ocho por ciento de ventas en el último ejercicio y desde 2010 se han destruido 175.000 puestos de trabajo, según apuntan desde UPTA, organización que señala que en España el fin de los alquileres con rentas antiguas de comercios afectará también al 19,5 por ciento de los locales hosteleros.
Reacciones. La llegada dentro de pocos meses del fin de las rentas antiguas en los alquileres de comercios y establecimientos hoteleros está poniendo en pie de guerra a los sectores implicados y de ahí que ya se estén creando diversas plataformas en todo el país formadas por organizaciones de trabajadores autónomos, así como de comerciantes y hoteleros.
Según Mazuela, el próximo día 11 ya está convocada una reunión entre diversas plataformas para poner en común acciones de protesta y medidas para dar a conocer la gravedad de esta decisión que intentarán frenar con el cambio normativo en proceso.
