Economía

El fin de las rentas antiguas de los comercios hace peligrar 90.000 empleos en Andalucía

La plataforma contra la extinción de los alquileres de renta antigua de comercios y hoteles pide una moratoria de diez años. UPTA, Facua y UGT advierten del «drama social» que supondrá.

el 01 oct 2014 / 13:20 h.

El fin de los alquileres de renta antigua de comercios y establecimientos hoteleros, el próximo 31 de diciembre, conllevará el cierre de muchos negocios que no podrán pagar más, un «drama Comercio.social» para personas de entre 40 y 50 años que se quedarán en paro, la desertización de los centros históricos hasta ahora comerciales, la consiguiente degradación urbanística, la pérdida de atractivo turístico y un encarecimiento de los precios al subir los alquileres de los negocios que puedan sobrevivir. Éste es el negro panorama que pintó ayer la nueva plataforma No al cerrojazo, formada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), sindicatos como UGT y organizaciones de consumidores como Facua. En Andalucía, hay 30.000 negocios afectados por lo que la plataforma advierte de que peligran 90.000 puestos de trabajo. La aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 que se traduce en el fin de los contratos de alquiler firmados antes de mayo de 1985 afectará, sobre todo, a comercios situados en los cascos históricos y, en el caso de Sevilla, en zonas como Triana y Los Remedios, donde más se localizan negocios de, al menos, 30 años de antigüedad. Por este motivo, la plataforma alerta de que se pueden quedar sin trabajo muchas personas de entre 40 y 50 años «con nulas posibilidades que reincorporase al mercado laboral», según Ángel Rodríguez, empresario afectado e impulsor de la plataforma en Granada. «Es una ley injusta». «Destruye los negocios de toda la vida y favorece a los rentistas. Lo último que se puede permitir España es echar a la calle a más trabajadores y, además, de comercios que son la historia viva de las ciudades», denunció Rodríguez, cuyo negocio de zapatería se fundó en 1880. Tanto Rodríguez como Inés Mazuela, secretaria general de UPTA Andalucía, resaltaron que la plataforma nace con «espíritu de acuerdo» y con una batería de propuestas para paliar los efectos de la aplicación de esta ley, que ya contó con una moratoria de 20 años que ahora concluye precisamente por la crisis económica que se vivía entonces. Mazuela apuntó que unos 150 comerciantes de Sevilla ya se han acercado a UPTA para asesorarse y buscar una solución a un problema «que les lleva a un cierre del negocio casi seguro». «Y acabamos de lanzar la plataforma», recordó. A su juicio, muchos empresarios aún no saben si su casero prevé subirle el alquiler «y evitan hasta sacar el tema por el temor que hay». Ante esta situación, la plataforma pide una moratoria de diez años y la actualización de los alquileres por la diferencia entre, por un lado, el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos –30 por ciento– y, por otro, la subida del IPC general ya aplicado. A partir de esos diez años, piden una actualización según el IPC de arrendamientos urbanos. Además, si se rompe el contrato, reclaman una indemnización de 18 meses de la renta rechazada –la que ahora pide el casero– en todos los casos. Y es que la ley establece que el propietario del local debe indemnizar al inquilino saliente con 18 meses de renta antigua sólo si se cumplen dos circunstancias: si vuelve a alquilar el local antes del 30 junio de 2015 a un negocio similar o si lo hace antes del 31 de diciembre de 2015 a un negocio nuevo idéntico. Pasado un año, desde el 1 de enero de 2016, puede arrendarlo a quien quiera sin tener que indemnizar al anterior inquilino. Por este motivo, la plataforma denuncia que se favorecerá la «especulación» y «se subirán los precios». «El comercio de toda la vida se desplazará al extrarradio de la ciudad, si es que sobrevive», lamentó Mazuela.  Cierres y despidos. Los datos que baraja la plataforma indican que las consecuencias de esta medida serán el cierre de más de 100.000 empresas en toda España y la posible pérdida de 300.000 empleos.  Medidas. La nueva plataforma ofrece a los comerciantes afectados una red de asesores, así como ha presentado una proposición no de ley a los grupos parlamentarios andaluces contra la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994. Además, pone a disposición de los afectados y de todos los ciudadanos un espacio web en www.upta-andalucia.org que explica la situación que se puede generar a partir del 1 de enero de 2015.  Empleo. UPTA subraya que al morir negocios antiguos se destruirán empleos «estables», mientras que «el 80 por ciento de las empresas nuevas no sobrevive más allá de cuatro años».  Línea de crédito. Los afectados por el fin de los alquileres de renta antigua de comercios y establecimientos hoteleros, además de pedir indemnización en el caso de la ruptura el contrato de arrendamiento, reclaman una línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de locales comerciales durante la moratoria de diez años que también plantean, «en atención a la grave crisis económica».  Proteger el Patrimonio. La plataforma también propone la elaboración en seis meses de un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico, a fin de preservar la identidad del paisaje comercial urbano. Incluso recuerda que en Cataluña ya hay este tipo de protección.    

  • 1