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El fin de los 426 euros elevará la demanda del salario social

6.000 familias han recurrido al discrepar sobre el tipo de ayuda a la dependencia

el 10 ene 2011 / 20:55 h.

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Desde 2007, Andalucía ha otorgado casi 250.000 prestaciones a dependientes.

La crisis ha disparado cada año la demanda para cobrar el salario social, una ayuda de entre 386 y 624 euros al mes que da la Junta a los andaluces más necesitados. En 2010 recibieron esta prestación unas 4.000 familias más que un año antes y la Consejería de Igualdad destinó a financiar este programa 64 millones, cuando inicialmente estaban previstos 40. En 2011, a la pésima coyuntura económica se suma que el Gobierno central eliminará desde febrero los 426 euros para los parados que hayan agotado la prestación, una circunstancia que la Junta está convencida de que repercutirá en el número de peticiones del salario social.


"Habrá una incidencia sin ninguna duda", sentenció ayer la consejera, Micaela Navarro. De entre todas las medidas que el Ejecutivo central ha tomado para reducir el déficit público, la retirada de los 426 euros es una de las que ha suscitado más reticencias entre los socialistas andaluces. Navarro garantizó que todos los que soliciten el salario social y reúnan los requisitos "estarán atendidos" porque el presupuesto es abierto en función de las necesidades. Aunque admitió que los recursos "nunca son suficientes", resaltó el "esfuerzo" que hace Andalucía respecto a otras comunidades gobernadas por el PP que han recortado su presupuesto en esta materia.


Pero en lo que realmente quiso sacar pecho la Junta es en la aplicación de la Ley de Dependencia. Andalucía es la comunidad que más ha hecho sus deberes, a mucha distancia de regiones del PP que, según el Gobierno, están boicoteando el desarrollo de la norma. Desde que entró en vigor en 2007, en Andalucía 183.000 personas se han beneficiado de más de 249.000 prestaciones. El año pasado se sumaron 38.000 dependientes al sistema y se concedieron 50.000 ayudas -un 45% son económicas-, un 26% más que en 2009. Este año, el presupuesto ha aumentado un 7,5% pese a la crisis (hasta los 1.829 millones), que servirán para financiar también la incorporación al sistema de un nuevo grupo de dependientes: los moderados, de los que ya hay reconocidos 40.000. La consejera volvió a apostar por un cambio en la ley que elimine el derecho que tienen ahora las familias a opinar sobre el tipo de ayuda que reciben los beneficiarios. La mayoría prefiere una prestación económica y cuando los trabajadores sociales determinan que es más adecuada la ayuda a domicilio o una plaza en un centro de día suelen ir a los tribunales. Desde que se estrenó la ley, las familias han interpuesto 6.000 recursos de alzada y la mayoría se han resuelto a favor de la administración.


menores inmigrantes. Sobre el polémico envío de menores inmigrantes por parte de Canarias a Andalucía, la consejera dijo que desde septiembre no ha habido ninguna llegada. Explicó que el Ejecutivo central está investigando sus rutas y el porqué en Canarias se declaraban mayores de edad y al llegar a la Península reivindicaban que eran menores. Tampoco hay fecha para que vuelvan a Marruecos los primeros menores no acompañados.

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