El fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, se ha reunido con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a fin de coordinar la investigación en torno a la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press que el martes el fiscal jefe anticorrupción mantuvo una reunión con la responsable de la Fiscalía hispalense, aunque nada más ha trascendido hasta el momento de un encuentro que se prolongó por espacio de tres horas y que se celebró en el despacho de Segarra.
La Fiscalía Anticorrupción asumió recientemente la investigación en torno a este asunto. Concretamente, Juan Enrique Egocheaga ha asumido la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en distintos ERE, entre ellos los de Mercasevilla correspondientes a los años 2003 y 2007, causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Egocheaga se encarga del denominado caso Mercasevilla en sus distintas vertientes, como son el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la venta "fraudulenta" de los suelos del merca y el presunto delito societario.
En un auto, la juez Mercedes Alaya, titulatr del juzgado número 6, ya explicó, en relación a los ERE de Mercasevilla, que de las diligencias practicadas "se deduce la identidad de los hechos investigados en ambas causas -los ERE de Mercasevilla y los de la Junta-, es decir, la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectiva y la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las empresas, con la intervención de éstas y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral", lo que "deberá conocerse en un solo proceso".
En este sentido, y dentro del único proceso, ha acordado formar piezas separadas por cada una de las empresas investigadas y en las que "se han detectado irregularidades según la denuncia de la Junta".
