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El fiscal apoya a Lopera

Pide a la jueza Alaya que levante la administración judicial que pesa sobre las acciones del exmandatario porque no hay "delito que interrumpir".

el 15 nov 2011 / 19:40 h.

Manuel Ruiz de Lopera.

La Fiscalía de Sevilla ha apoyado la petición del ex máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera de que se levante la administración judicial de sus acciones con objeto de garantizar los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad e interdicción de la arbitrariedad.

La Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso la agencia Efe, dice que la titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla adoptó dicha medida hace ya un año y tres meses y, como toda medida cautelar, "reclama estándares muy exigentes" en cuanto a su motivación y duración.

De esta manera, la Fiscalía se ha unido a la petición del abogado de Ruiz de Lopera, quien alegó que el concurso voluntario de acreedores en el que se encuentra el club otorga "amplias posibilidades de control a la administración concursal", por lo que "se hace materialmente inviable cualquier supuesto de ejercicio delictivo del poder ni de administración desleal".

La Fiscalía, por ello, dice a la juez de instrucción 6 que las medidas cautelares y las razones que sirvieron para su establecimiento "deben ser revisadas transcurrido cierto tiempo" y se debe comprobar que no exista "otra medida cautelar menos gravosa".

Además, se trata de evitar que con la medida cautelar "no se lleve a cabo un cumplimiento anticipado de la pena o de la responsabilidad civil", más aún teniendo en cuenta que evitar la presunta "continuidad delictiva" está "suficientemente garantizada con las medidas adoptadas de embargo de las acciones, prohibición de realizar actos de disposición sobre las mismas y con el control inherente de la intervención judicial".

Por ello, concluye la Fiscalía que la administración judicial "no cumple los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad".

La defensa de Lopera alegó que, si las medidas cautelares se basaban en la necesidad de interrumpir la "continuidad delictiva" y proteger a las víctimas, diversos documentos aportados al juzgado demostraban que "a 16 de julio de 2010 no había ningún delito que interrumpir".

Para ello, la defensa aportó un informe de la Administración Concursal que, tras analizar los años 2007-2010, no detectó ninguna ilegalidad, el Acta de la Junta de junio pasado que aprobó las cuentas anuales 2009-2010, sin detectar ningún delito, y una sentencia de la Audiencia que desestimó la demanda del grupo opositor Por Nuestro Betis que pidió la nulidad de la Junta de 2007.

La Fiscalía apoya también la petición de Ruiz de Lopera de que se aporte dicha sentencia de la Audiencia, pese a que la juez de instrucción 6 rechazó que tuviese relación con la causa.

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