Una de las múltiples protestas de los vecinos adjudicatarios de las viviendas de la CEA. / Javier Cuesta
La Fiscalía de Delitos Económicos ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por posibles irregularidades en la promoción de 583 VPO en Sevilla Este. El Ministerio Público considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito tras revisar toda la documentación remitida y haber tomado declaración como imputado a dos personas en enero. Según confirmó ayer el propio banco malo a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía ha decidido no presentar una querella ante un juzgado de Instrucción para que continúe investigando el posible desfase económico en las obras que la Sareb cifró entre unos 12 y 14 millones. El banco malo quiso, además, aclarar que «Sareb ha cumplido con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita» y respetan la decisión del Ministerio Público.
Asimismo, recordó que el archivo de estas diligencias «nada tiene que ver con el proceso de concurso necesario» de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y que «instó Sareb a finales del año pasado y que consideramos es la mejor opción para proteger nuestros intereses, los de los adjudicatarios de las viviendas y los de los principales proveedores de la promoción». «Nuestro objetivo final ha sido siempre lograr la finalización de unas obras que llevan paradas desde 2008», añadió.
Las diligencias ahora archivadas se abrieron el pasado 30 de julio, después de que fueran trasladadas a la Sección de Delitos Económicos desde la Fiscalía de Madrid, donde se interpuso la demanda.
En concreto, la demanda de la Sareb se dirige contra la Fundación, que iba acompañada por una auditoría externa, ponía en conocimiento el desfase de entre 12 y 14 millones de euros en la construcción de la promoción Isbylia, ejecutada al 95%. En la misma se pedía al fiscal que investigue si existe un posible delito por falta de justificación en los fondos empleados para la obra, ya que según ha podido constatar la entidad el desfase es fruto de la diferencia entre el préstamo inicial que otorgó Caja Madrid por valor de 50 millones de euros y los entre 36 y 38 millones en que está valorado lo ejecutado hasta ahora. A esta cifra hay que añadir otros 9,5 millones de euros recaudados con las aportaciones iniciales que hicieron los adjudicatarios, quienes entregaron cantidades que oscilan entre los 17.000 y los 21.000 euros. Asimismo, esta promoción de viviendas ha venido contando con subvenciones de la Junta de Andalucía por un valor total de 1,7 millones de euros.
La denuncia iba dirigida contra la Fundación, cuyo patrono fundador es Santiago Herrero, expresidente de la CEA, y cuestiona también las empresas que se hicieron cargo de la construcción: Dolmen, que quebró, y después Nazarí, cuyos administradores eran los mismos de Dolmen. La finalidad de la misma era que la Fiscalía investigara qué ocurrió con el dinero y quién o quiénes pueden ser los presuntos responsables. No obstante, la Sareb podría denunciar los hechos a un juzgado de Instrucción si lo cree pertinente, y que fuera un juez el que abriera diligencias.
En los juzgados ya hay dos causas abiertas, una en la que los adjudicatarios de las viviendas reclaman la devolución de las cantidades entregadas a cuentas y que han desaparecido; y otra, en la que la titular del Juzgado de Instrucción número tres ha imputado a la anterior cúpula por estafa, entre ellos a Herrero y al secretario general, Antonio Carrillo, que sigue en la directiva.
