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El fiscal cifra en 30 millones el capital blanqueado en el caso Ballena Blanca

La Fiscalía Anticorrupción solicita 65 años de prisión y más de 86 millones de euros de multas para las 21 personas a las que acusa en el caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de capitales llevado a cabo en España. El ministerio público sitúa al abogado Fernando del Valle, como responsable del diseño de un "entramado societario" para eludir la Hacienda española. Foto: EFE

el 15 sep 2009 / 11:53 h.

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La Fiscalía Anticorrupción solicita 65 años de prisión y más de 86 millones de euros de multas para las 21 personas a las que acusa en el caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de capitales llevado a cabo en la historia de España.

El ministerio público sitúa al abogado chileno, Fernando del Valle, como responsable del diseño de un "entramado societario" a escala internacional para eludir la Hacienda española. Del Valle, que tenía su despacho en Marbella, habría logrado blanquear, según el escrito de la acusación al que ha tenido acceso este periódico, más de 30 millones de euros. El fiscal pide para el principal acusado 15 años de cárcel y 37,1 millones de euros de multa por 13 delitos de blanqueo, 141 de falsedad documental, tres contra la Hacienda Pública y uno por falso testimonio. Además, le impone una sanción de 610.846 euros como indemnización a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas entre los años 2002 y 2004.

Para el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, Del Valle se había especializado en "proporcionar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España", de modo que quedara oculta la identidad del titular del dinero que se invertía como su origen. El sistema que proponía consistía en crear sociedades de responsabilidad limitada en nuestro país, cuyos socios serían una persona jurídica extranjera y otra persona física española.

El relato del ministerio público añade que esta persona jurídica extranjera es una sociedad constituida en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que "posee una legislación muy permisiva en materia de constitución de sociedades". Para el fiscal, este sistema en Delaware se convirtió en el "producto estrella" del despacho de Del Valle porque con él "conseguía eludir los controles administrativos establecidos en la norma vigente, tanto desde el punto de vista fiscal como de la prevención del blanqueo de capitales y del control de las inversiones exteriores".

En el caso de la persona física, el letrado ponía a una de sus "empleadas de confianza", la también acusada Estela Elena Herrera. Ésta se encargaba de administrar la sociedad española finalmente constituida. El fiscal solicita para ella cuatro años de prisión y 12 millones de euros por 13 delitos de blanqueo de capitales y uno de falso testimonio.

El abogado chileno tenía también su propio entramado empresarial, con participación en 194 sociedades extranjeras, de las que 143 estaban en Delaware y otras 39 en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá o las Islas Vírgenes Británicas, entre otros. Del Valle gestionaba en total desde su despacho 523 entidades. Según el relato del fiscal, llegó a constituir tantas compañías que tenía un stock que ofrecer a sus clientes, entre ellos traficantes de drogas, de armas, extorsionadores e incluso un ciudadano ruso que estafó al ejército soviético. Para el ministerio público queda probado que la condición de su clientela "relacionada con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves" era "perfectamente conocida" por él y por sus "colaboradores más próximos".

El fiscal argumenta que la constitución de los entramados no hubiera sido posible sin el concurso de algunos notarios que incumplieron "reiteradamente las obligaciones impuestas por la normativa para la prevención del blanqueo de capitales". Éstos son los acusados Álvaro Rodríguez y Amelia Bergillos, que supuestamente blanquearon 1,4 millones de euros y 650.000 euros, respectivamente, según los importes que constan en las escrituras de constitución de las sociedades como capital social inicial.

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