El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó y criticó ayer la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Constitucional (TC) sobre los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados de un delito de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO de Madrid.
Conde-Pumpido aseguró discrepar "radical y profundamente" de esta resolución que, según dijo, "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa". El fiscal consideró que se ha vulnerado "el derecho de los perjudicados a cobrar la indemnización pertinente". Además, aseguró que "en el ámbito constitucional los delitos estaban perfectamente probados y no se había producido ningún tipo de vulneración de derechos constitucionales".
Menos beligerante.
Muy diferente fue la reacción de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien confesó que entiende que este tipo de sentencias "puedan provocar una cierta inquietud", pero instó a respetar las decisiones judiciales. "Parece que puede haber dos tipos de justicia", afirmó, "pero es un problema de cultura democrática; tenemos que aprender a respetar la decisiones de los jueces".
En cuanto a los perjudicados en el llamado Caso Urbanor, hicieron público un comunicado para recordar que Alberto Cortina y Alberto Alcocer tienen pendiente el pago de 40 millones de euros. "La decisión del TC no modifica las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo que declararon que Los Albertos habían estafado a sus socios minoritarios de Urbanor en la venta de los solares de Plaza Castilla", dijeron.
