Antonio Rivas, a la derecha, saliendo de los juzgados, el 16 de noviembre.
La Fiscalía solicitó ayer imputar a Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, en el caso Mercasevilla. Según detalló el Ministerio Público, Rivas, "en connivencia con el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, con el ánimo de obtener un beneficio propio ilícito, acordaron exigir (...) a los responsables de la entidad Alazar una comisión de 300.000 euros a cambios de otorgarles la explotación de la Escuela de Hostelería". Esto, según el relato del fiscal, sucedió después de que Mercasevilla recibiera una subvención de 900.000 euros del Servicio Andaluz de Empleo vinculada al establecimiento de la citada Escuela.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acogió ayer la comparecencia para concretar la imputación por cohecho de los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce; el delegado Provincial de Empleo, Antonio Rivas; y la funcionaria Regla Pereira. Dicha imputación ya fue realizada el pasado 16 de diciembre por la magistrada responsable de este juzgado, Mercedes Alaya Rodríguez.
La juez, sin embargo, acordó con las partes la suspensión de la comparecencia para decidir sobre la nulidad de la imputación que solicitó el abogado de Rivas, así como "sobre las cuestiones planteadas por el resto de los letrados [de las partes] a fin de decidir sobre la continuación o no del procedimiento".
El PP quiere más. Alaya Rodríguez se refirió con esta fórmula, entre otras cosas, al recurso presentado por el PP en el que pide la imputación del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín; la ampliación de los delitos que se imputan a los ya acusados para añadir los de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada; así como la imputación de dos altos cargos de la Junta: Juan Manuel Fuentes Doblado, entonces director general de Formación para el Empleo de la Junta, y su sucesora María José Lara González, por el proceso de concesión de la subvención de 900.000 euros.
Los abogados defensores también presentaron recursos en los que reclamaron el archivo de la causa y, en especial, contra la fianza de 400.000 euros impuesta por la juez instructora para hacer frente a sus futuras responsabilidades pecuniarias.
Todos los abogados de la acusación -Fiscalía, Mercasevilla, PP y PA-, salvo el del PSOE, reclamaron la imputación del delegado de Empleo en Sevilla.
Según el letrado, se han producido "excesos" en esta causa, entre ellos, "en el número de personas imputadas, que no se justifica por el contenido de las diligencias, y en el importe de las fianzas, que son absolutamente desproporcionadas", criticó.
El abogado del PSOE defendió que "el principio de presunción de inocencia [de Rivas] no puede verse alterado por el mero hecho de asistir a una reunión" y tachó la imputación del delegado de Empleo de "sarcasmo".
"Está fundada exclusivamente -añadió- en el testimonio del imputado Mellet y por referencias de Ponce, también imputado".
El letrado fue a más y achacó la imputación de Ponce "al hecho de que estemos ante un proceso mediático", por lo que sostuvo que "una imputación basada en la declaración de otro imputado no destruye el principio de presunción de inocencia".
