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El fiscal de los ERE pide investigar el papel de un diputado socialista

Reclama a la jueza Alaya que indague en la intervención del exasesor de Empleo Ramón Díaz en las ayudas al expediente de Saldauto, en el que se han detectado tres intrusos.

el 02 jun 2011 / 18:41 h.

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La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga una posible trama de falsas prejubilaciones en ERE subvencionados con fondos públicos, que investigue el "cargo, funciones e intervenciones" del diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz en las ayudas concedidas al ERE de Saldauto, en el que Empleo halló tres intrusos.

 

En un escrito con fecha de ayer, al que accedió Europa Press, pide a la jueza Mercedes Alaya que reclame información sobre las subvenciones de 750.664,59 euros concedidas en favor de Saldauto y de los tres presuntos beneficiarios del ERE que la empresa presentó en 2007 que nunca trabajaron allí. En su declaración ante la Policía Judicial, el exdirector general de Trabajo y principal imputado Javier Guerrero, reconoció que tanto él como Ramón Díaz en calidad de su "asesor" negociaron con Saldauto aquel ERE, aunque ambos se desligaron de la inclusión de intrusos.

Reclama al juzgado la "identificación de las personas que participan" en una reunión el 29 de noviembre de 2007 y solicita a Alaya que pida a la Consejería de Empleo un "informe" sobre "la filiación, cargo, funciones e intervenciones sobre quien es identificado como Ramón Díaz" en lo que se refiere a la documentación investigada sobre las subvenciones concedidas a Saldauto. Díaz es diputado desde febrero y en caso de ser imputado, al ser aforado, la jueza debería remitir el caso al TSJA.

El fiscal alerta de que en la documentación de las pólizas de este ERE se alude a "un acuerdo de encomienda con IDEA (antes IFA) para la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales". Este acuerdo, formalizado en una orden fechada el 27 de abril de 2010, "viene a reemplazar" el convenio suscrito entre Empleo y el IFA de 2001 para que el ente público gestionara las ayudas a empresas en crisis, que salían así del circuito de la Consejería y que según declaró Guerrero, manejó durante diez años (647 millones) como un "fondo de reptiles".

Reclama la relación de "las entidades beneficiarias de los importes recogidos en los convenios reseñados", así como cualquier documento que "recoja el supuesto compromiso de pago de la Dirección General de Trabajo" con relación al citado acuerdo de encomienda con IDEA. Además, pide al juzgado que reclame a IDEA una "relación individualizada" de convenios suscritos o documentos relativos a pagos en aplicación del citado acuerdo.

En cuanto al ERE de Saldauto, solicita a Alaya que pida a Empleo información sobre la "existencia o no de resolución, protocolo o acuerdo de ayudas concedidas" a la compañía, tanto merced al convenio de 2001 como en función del "acuerdo de encomienda" de abril de 2010.

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