Hay un "vacío legal" en la defensa de los derechos de los ancianos, por ello el fiscal de Mayores, Jorge Sena, reclama una ley integral de protección de ancianos y dependientes de edad avanzada, ante las situaciones de maltrato que llegan a la Fiscalía.
Sena pide que se actúe como se ha hecho con la violencia de género para evitar estas situaciones de desamparo en "un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos".
Como fiscal de sala delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores desde 2008 pone un especial énfasis en prevenir los malos tratos, una cuestión opaca que vuelve a poner de manifiesto, en opinión de Sena, la falta de legislación específica para esos casos de violencia, que contemple como agravante la edad de la víctima. En consecuencia, cree necesaria una ley integral para la protección de las personas mayores, con el fin de que un mismo juez pueda resolver cuestiones civiles, penales o de derecho administrativo, sean casos de maltrato físico, psicológico, estafas, abusos económicos o incumplimiento de la Ley de Dependencia, "que hoy es el caballo de batalla".
Un informe del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, con datos de 2005 a nivel nacional, concluye que uno de cada cien mayores reconoce haber sufrido maltrato en la familia. El porcentaje aumenta según el grado de dependencia, hasta un 2,9% en los casos severos. Otras investigaciones elevan la cifra a un cuatro o cinco por ciento. Por otro lado, cinco de cada 100 cuidadores confiesan haber maltratado a una persona de edad, muchas veces porque la situación les sobrepasa.
Los abusos más frecuentes son físicos, psicológicos y económicos, este último más frecuente en personas dependientes y con alzhéimer, además de negligencias y abusos sexuales, según la autora del informe, Isabel Iborra, coordinadora científica del Centro Reina Sofía.
Burocracia. Sena conoce a diario denuncias y quejas de mayores y organizaciones vinculadas a ellos. El 90% de las que se tramitan -afirma- están relacionadas con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven, así como de discriminación por razón de edad.
La Ley de Dependencia es "excelente", señala el fiscal, pero tiene dos defectos: "Está excesivamente burocratizada, son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención Individual (PIA), que determina las prestaciones y servicios a percibir y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recursos económicos". "Al haber mucha demanda y poca dotación, va con cuentagotas", remarca, y "la lentitud y la falta de explicaciones dejan a los afectados sumidos en una incertidumbre tremenda. He recibido llamadas de personas que un año y medio después de haber sido calificadas como dependientes siguen esperando el PIA y que se determinen las ayudas", destaca este fiscal.
Y cuando se prolongan los trámites para conceder las prestaciones "se atenta contra la dignidad de las personas". Uno de los derechos recogidos en la propia Ley, subraya el Fiscal de Mayores.
Esta situación se está produciendo cuando la cifra de mayores de 65 años se ha duplicado en los últimos 30 años -ya son más de 7,7 millones, según el padrón de 2009- y los que superan los 80 -que suman más de dos millones- se han duplicado en dos décadas, por ello Sena reitera su reclamación de que se actúe como se ha hecho con la violencia de género.
