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El fiscal imputa un delito de injurias a uno de los okupas

La Fiscalía ha remitido al juzgado que instruye la denuncia de la Policía contra los okupas de Casas Viejas las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Delegación del Gobierno. El fiscal imputa a uno de ellos un delito de injurias y calumnias.

el 14 sep 2009 / 23:06 h.

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La Fiscalía ha remitido al juzgado que instruye la denuncia de la Policía contra los okupas de Casas Viejas las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Delegación del Gobierno. El fiscal imputa a uno de ellos un delito de injurias y calumnias.

La denuncia presentada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, por las acusaciones de torturas que hicieron los okupas de Casas Viejas a la Policía Nacional ha prosperado después de que la Fiscalía de Sevilla iniciara diligencias de investigación. El fiscal encargado de la causa, Antonio Ocaña, tras tomar declaración a los agentes, ha imputado un delito de injurias y calumnias a funcionario público a uno de los okupas que se encadenó y que dio una rueda de prensa tras el desalojo por orden judicial del edificio.

Ayer mismo, la Fiscalía remitió al Juzgado de Instrucción número 17 la denuncia que el mismo López Garzón rubricó para que se incorporen las diligencias previas practicadas a la denuncia que en su día presentó la Policía Nacional por un delito de desobediencia y desacato a la autoridad y que investiga este juzgado, al tratarse de delitos conexos.

Según informaron fuentes del Ministerio Público, el fiscal ha derivado dicha denuncia a la juez después de tomar declaración a dos de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el desalojo, iniciado el 29 de noviembre. En la misma, ambos manifestaron que "se sentían ofendidos" por las declaraciones realizadas en el transcurso de la rueda de prensa el pasado 1 de diciembre y en la que uno de los activistas que se encadenó al zulo, Agu, acusó a los Bomberos y a la Policía de torturas.

Al tratarse de un delito a funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, la Fiscalía puede actuar de oficio, tal y como indica el artículo 215 del Código Penal, pues en el caso de que se hubiera tratado de un asunto privado, el fiscal no hubiera podido intervenir.

La denuncia del delegado del Gobierno estaba acompañada por un vídeo de la citada comparecencia ante los medios de comunicación en el que se recogían las acusaciones que fueron consideradas por el denunciante como "graves perjuicios al prestigio de la Policía Nacional".

El texto destaca también que los túneles construidos por los activistas y los apuntalamientos representaban una "situación de peligro real debido a su construcción misma y al deficiente estado del inmueble". Además, añade que las pequeñas dimensiones del zulo, en el que permanecieron 36 horas encerrados, hicieron que los agentes que intervinieron "asumieran riesgos sobre su integridad física y sus vidas, al ponerlas en peligro" cumpliendo su labor.

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