La Fiscalía de Sevilla tiene claro que juzgar al Cuco por separado de los adultos implicados en el crimen de Marta del Castillo no es inconstitucional, puede ser un "problema", pero ello no supone que vulnere la Constitución. Así lo expresa en su recurso, en el que insta al juez de Menores a que no eleve al Tribunal Constitucional (TC) la cuestión planteada por la familia de la joven, con la que pretendía un único juicio.
En el escrito dirigido al Juzgado de Menores 3, al que tuvo acceso este periódico, el Ministerio Público recuerda que en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se cometieron "errores formales" que pueden provocar la inadmisión del asunto por parte del Constitucional. Una cuestión que la Fiscalía ya advirtió en un recurso anterior y que fue inadmitido.
En cuanto al fondo, recuerda que el doble enjuiciamiento "está así establecido desde tiempos inmemoriales no solamente en el proceso penal español sino en todos los países de nuestro entorno jurídico cultural" e insiste en que "unos mismos hechos puedan dar lugar a distintos juicios no genera la más mínima duda de constitucionalidad". Es más, añade que en la "profusa bibliografía, ninguna opinión doctrinal haya expresado la más mínima duda sobre la constitucionalidad".
La fiscal del caso entiende que "aparecerían dudas" si el resultado del primer juicio "condicionara el resultado del segundo", sin embargo "es claro que tal previsión no existe en nuestro ordenamiento". Así, afirma que el tribunal que juzgue a los adultos "lo hace en plenitud de jurisdicción y sin estar vinculado a lo que pueda decidir el juzgado de Menores". Además, reconoce que el doble enjuiciamiento presenta "complejos problemas prácticos", aunque indica que este hecho "no permite cuestionar su constitucionalidad". "Una cosa es que pueda ser mejorado el sistema normativo existente y otra que sea inconstitucional", concluye. Asimismo, dice que la solución de juzgarlos juntos con un magistrado especialista en menores junto al tribunal es un "invento" del abogado de la familia, "no previsto en nuestro ordenamiento", y para lo que sería necesario un acuerdo previo del Consejo General del Poder Judicial.
Ahora será el juez el que decida si eleva la cuestión al TC, lo que paralizaría la sentencia del menor hasta que se resuelva la inconstitucionalidad, o la rechaza y dicta sentencia del juicio, que finalizó hace mes y medio.
