Justo cuando el Gobierno andaluz acaba de anunciar la creación de un grupo de técnicos que estudie una fórmula legal para solucionar el conflicto laboral de los 800 agentes de empleo despedidos a raíz de la reordenación del sector público andaluz que acometió la Junta en 2012, el Sindicato de Funcionarios (SAF) hizo público ayer que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación sobre las ayudas concedidas por la Junta a los extintos consorcios de Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
La liquidación, en 2012, de las 95 Utedlt, donde estaban adscritos los 800 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) despedidos, fue consecuencia de la reforma del sector público andaluz, que obligó a prescindir de cientos de empleados públicos en la administración. La Junta integró los servicios que desarrollaban estas unidades en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pero muchos de los trabajadores recurrieron sus despidos en los juzgados, logrando finalmente que el Tribunal Supremo declarase nudo dichos despidos. Esta situación de colapso es lo que ha forzado a la Junta a reunirse con los afectados esta semana, después de que lo hicieran con el PP-A, para buscar una salida al conflicto.
Las pesquisas de la Fiscalía Superior sobre las ayudas públicas a las unidades de asesoramiento y promoción de empleo se basan en un informe de la Policía judicial fechado el pasado 20 de junio. Esta investigación se deriva de una denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios el pasado mes de enero, a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de las ayudas de la Junta a las Utedlt participadas por el Gobierno andaluz y las corporaciones locales, y del que se desprenden «indicios de malversación de caudales públicos al no haber constancia de la realización de la actividad de dichas unidades».
El informe de la Cámara de Cuentas señaló que las unidades territoriales de empleo y el SAE, desde 2009, «no han suscrito los preceptivos contratos programa, tampoco se han establecido objetivos ni un sistema de evaluación sobre la consecución de los mismos que sirviera de referencia para calcular los incentivos», si bien, el SAE abonó incentivos de casi cinco millones correspondientes a 2009 y 2010. En las resoluciones de concesión de subvenciones se recogía explícitamente un porcentaje de consecución de objetivos de 2009 y 2010 a pesar de que no se había fijado ni evaluado objetivo alguno. Según el informe, los únicos criterios para la concesión de las ayudas se limitaban al cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitar cada una de las ayudas y a la existencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejercicio económico. Respecto a los ALPES, aunque apunta a que todos tenían asignadas las mismas funciones y actividades a desarrollar, «las retribuciones eran diferentes, dependiendo de su consideración como titulado medio o superior».
A raíz de la denuncia del SAF, la Fiscalía Superior encomendó a la policía judicial el inicio de las investigaciones para que emitieran un informe sobre el mecanismo de concesión de las ayudas y las personas responsables, indicando si tenían la condición de aforado. El 20 de junio la Policía presentó dicho informe a la Fiscalía, donde se describe el órgano competente para la concesión de subvenciones y los órganos delegados para la resolución de las solicitudes de ayudas, según informó el SAF. La Fiscalía ha solicitado al SAE los datos precisos sobre las personas y órganos responsables de la concesión de las ayudas a los Utedlt recogidas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y la documentación en cada supuesto. El SAF basó su denuncia en las presuntas irregularidades en la contratación de personal en las Utdelt, ya que en un 48 % de los casos no se hizo la preceptiva convocatoria pública. También llama la atención el SAF sobre que el coste del personal entre 2010 y 2012 ascendió a 57,3 millones, y denunció que estos consorcios forman parte de la «administración paralela de la Junta, donde se ha abrigado aquellos que dejan la política activa y pasan a mejor vida».
