La Fiscalía de Sevilla ha pedido el archivo de la causa contra el empresario Luis Oliver por adquirir a Manuel Ruiz de Lopera su paquete mayoritario de acciones en el Betis, ya que no existen indicios de que fuera una venta simulada sino precisamente de lo contrario. En un escrito al que ha tenido acceso Efe la Fiscalía pide que se archive la causa referida a Oliver, que fue procesado junto con Ruiz de Lopera, el exvicepresidente del club Ángel Martín y otras personas que figuraban como titulares o testaferros de sus empresas. La fiscal del caso Betis ha solicitado en recientes escritos el archivo de varios aspectos por los que han sido procesados Ruiz de Lopera y otras personas de su entorno y ahora afirma que la juez instructora, Mercedes Alaya, utiliza en su auto de procesamiento unos razonamientos "precarios". No existen "indicios racionales de criminalidad" ni de que la compraventa de acciones en julio del 2010 creara al Betis, a sus socios o accionistas "un perjuicio económicamente evaluable", tampoco constan cuantificados esos perjuicios ni la juez ha practicado diligencias para su estimación, añade la fiscal. La juez, explica el escrito de la Fiscalía, consideró que el traspaso de acciones de Ruiz de Lopera a Oliver fue una "venta simulada", pero "del clausulado y anexos del contrato y la investigación parcial realizada por la Guardia Civil" se infieren "elementos para presumir lo contrario". "No hay datos ni indicios para afirmar que el procesado Manuel Ruiz de Lopera fuese quien financiaba la operación" y la investigación de la Guardia Civil "no acredita 'la operación'", sino que, por el contrario, existen "abundantes datos sobre los efectos que para ambas partes se han derivado de la imposible ejecución del contrato de compraventa". La fiscal también rechaza la calificación hecha por la juez Alaya de que las acciones de Farusa -la empresa propiedad de Lopera- eran "litigiosas" y señala que "por el contrario, la Sección Primera de la Audiencia" ya decretó en febrero de 2010 la falta de delito en su adquisición de las acciones del Betis en 1992. "Es una evidencia que no procede atribuir la condición de litigioso a ningún bien dos años antes de la sustanciación de cualquier reclamación sobre el mismo por los tribunales", señala la Fiscalía. Añade que la juez "presume" en su auto de procesamiento unos hechos que, por la descripción que realiza, guardan similitud con el delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, por el que "no procesa ni imputa a los procesados". El abogado de Oliver había solicitado el archivo de la causa y el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por Alaya en julio de 2010, entre ellas la notificación al Consejo Superior de Deportes para que no autorizase la venta de acciones de Farusa a Bitton Sport, la empresa de Oliver. Este pronunciamiento del fiscal se ha producido en la fase de recursos contra el procesamiento dictado por la juez Alaya, quien ha cuantificado el "beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis" en las catorce temporadas bajo Lopera en "la imponente suma" de 24,9 millones de euros.
