La Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de prisión para el letrado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, por haberse enriquecido de forma ilícita a costa del Ayuntamiento de Marbella. Ingresó 3,1 millones de euros en minutas bajo sospecha. Hay 18 procesados, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz, para quien piden 14 años de prisión.
El caso Minutas ya esta listo para ser juzgado. El Ministerio Fiscal presentó ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella su escrito de acusación, 199 folios, en el que pide apertura de juicio oral. Acusa a los procesados de los presuntos delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad, entre otros.
El caso se abrió tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006, en la que consta que el abogado José María del Nido facturó directamente, entre 2000 y 2001, un total de 1,5 millones de euros procedentes del consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales. La cifra se eleva a 6 millones de euros si se suma lo que cobró por asesoramiento, según datos del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía estableció en aquel momento que había "abundantes y evidentes indicios" de que el ex alcalde, Julián Muñoz, y Del Nido llevaron a cabo un plan concertado para enriquecer al letrado a costa del erario municipal. Se le pagaron encargos que en algunos casos no se corresponden con el trabajo desempeñado y que "en ningún caso justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".
El fiscal señala que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, saltándose todos los controles legales. El alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de Gobierno Local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente".
De esta forma se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", según los datos aportados por Anticorrupción.
