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El fiscal pide 15 años para Urdangarin y exculpar a la Infanta

Reclama cerca de 600.000 euros a la Infanta por lucrarse de los fondos ilícitos obtenidos por su marido a través de Aizoon

el 08 dic 2014 / 15:37 h.

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urdangarin La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de cien años  de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20  los reclamará para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17  años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y  liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de  la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de  euros. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que  precisan que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la  Infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de  responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres,  Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de  alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente  defraudadas por su cónyuge. Se trata de las principales peticiones que el fiscal Pedro Horrach  incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que  presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de  Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados  de la causa. La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría  variar 'in extremis' en caso de que, a última hora, decidan hacer  frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en  Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su  responsabilidad en los hechos. En lo que a la hermana del Rey Felipe VI se refiere,   Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber  cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un  beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente  defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado  societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles  'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon. Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el  matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma  presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la  trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en  las cuotas del IRPF de 2007 y 2008. Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122  del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo  hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está  obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño  hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido  considerado responsable criminal de los hechos investigados. No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal  Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de  inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer  frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en  responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente  defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana  (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de  malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad  en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos  delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los mismos que  sobre Torres, si bien se enfrenta a un solo delito fiscal. ENTRE DIEZ Y DOCE AÑOS DE CARCEL PARA MATAS En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena  se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas,  quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel  por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El  resto de exaltos cargos de las islas -el exdirector general de  Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación  pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo  (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel  Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de  prisión. En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el  Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de  libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de  Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad  de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de  Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector  general José Manuel Aguilar. Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera  delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que  también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un  delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable  del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro. LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas  tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas,  precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban  a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a  mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las  sociedades controladas por los dos imputados. Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual  Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes  Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran  propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos,  han centrado el foco de atención de las investigaciones. LOS FONDOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARON A NOOS El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas  entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el  convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005);  los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a  Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del  equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la  fundación pública Illesport por la creación de la oficina del  proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la  elaboración de material promocional del Illes Balears. Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al  pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres  ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000  euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos  que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto  presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid  16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016,  trabajos que finalmente no se llevaron a cabo. La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio  tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades  presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto  Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían  sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en  noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las  sociedades a él vinculadas.

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