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El fiscal pide 270 años de cárcel para un clan rumano dedicado a la prostitución

La Fiscalía reclama para cada uno de los cinco acusados que hoy se sentarán en el banquillo, 54 años de prisión por cuatro delitos de trata de personas y otros cuatro por obligar a prostituirse

el 15 sep 2014 / 12:00 h.

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Un peligroso clan de rumanos, conocidos como los Priboi, supuestamente dedicados a la explotación sexual de mujeres, se sentará hoy en el banquillo de los acusados para enfrentarse a un juicio en el que la Fiscalía de Sevilla reclamará para ellos un total de 270 años en penas de prisión. Para cada uno de ellos, cinco en total, el Ministerio Público solicita 54 años de cárcel por cuatro delitos de trata de seres humanos y otros cuatro de prostitución coactiva. El juicio tendrá lugar hoy y mañana en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. La organización del clan estaba basada en una estructura familiar, según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso este periódico, de tal forma que «ha convertido de manera estable la prostitución de mujeres en su forma de obtener recursos económicos», hasta el punto de que «no se conoce a dichos acusados otra fuente de subsistencia fuera del lucro obtenido» de la explotación sexual de sus víctimas. La forma de trabajar de esta red era «integrar a sus víctimas en su círculo familiar como esposas, parejas o novias». Las chicas eran trasladadas en el «domicilio familiar», donde las tenían recluidas, sin que pudieran salir de la vivienda, «si no es para ejercer la prostitución». La vigilancia sobre sus víctimas era tan fuerte, que los componentes del clan «las trasladaban y conducían» hasta los lugares en los se prostituían, «valiéndose de vehículos facilitados por terceras personas». Las mujeres estaban «en todo momento acompañadas por miembros de dicho clan», quienes además «las vigilaban durante el ejercicio de la prostitución». De esta forma, evitaban «todo contacto con terceras personas que no fueran potenciales clientes». Además, los acusados «tomaban medidas de control» para prevenir «cualquier intento de huida». En su escrito, la Fiscalía relata que para ejercer este seguimiento y explotación, las víctimas «eran objeto de agresiones, amenazas y todo tipo de presiones para evitar que salieran de la esfera de dominio de este colectivo estructurado». Así, lograban impedir que las chicas se escaparan y denunciaran los hechos y también «obstruir la investigación policial y judicial» que supone el fin de su negocio y «la persecución de sus miembros». No obstante, la red fue desmantelada, gracias a una investigación que fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, lo que permitió la detención de cinco adultos, que son los que ahora se van a sentar en el banquillo de los acusados, y un menor de edad, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Además, hay una sexta persona implicada en estos hechos que, según el fiscal, es el cabecilla del clan Priboi y que está fugado en la actualidad. Los hechos relatados por el Ministerio Público son constitutivos de cuatro delitos de trata de seres humanos, para los que reclama diez años de prisión por cada uno de ellos; cuatro delitos de prostitución coactiva, para los que pide tres años y medio de prisión por cada uno de ellos. Para una de las acusadas, además, solicita seis meses de cárcel por un delito de amenazas. El juicio está previsto que arranque hoy en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con la declaración de los cinco acusados. La vista está previsto que se extienda durante dos jornadas, en las que desfilarán ante el tribunal varios testigos con carácter protegido, dado la complejidad y lo delicado del caso, así como por la peligrosidad del clan. En el caso de las víctimas, el Código Penal prevé que quede «exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal».

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