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El fiscal pide 72 años de cárcel para los 'cabecillas' de Malaya

Solicita 810 millones de multa para el cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, que presuntamente blanqueó 240 millones de euros a través de un entramado de sociedades.

el 17 jun 2010 / 19:43 h.

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El ex asesor urbanístico de Marbella y presunto cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca.
El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz.
La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe.
La ex concejal socialista de Marbella, Isabel García Marcos.
240 millones de euros blanqueados entre compra de inmuebles, joyas, arte y hasta cinco premios de lotería en seis meses; 33,3 millones ingresados en concepto de comisiones de promotores y empresarios a cambio de licencias y adjudicaciones; 5,2 millones repartidos en sobres (literalmente) entre autoridades y funcionarios municipales por dar luz verde a estos favores o hacer la vista gorda; decenas de cuentas bancarias y un entramado de 71 "empresas pantalla" repartidas desde Gibraltar a las Islas Vírgenes o Suiza usadas "para adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal". Todo ello permitió a una familia marbellí -matrimonio y dos hijos- cuyos ingresos anuales declarados rondaban los 50.000 euros gastar 200 millones y "amasar" un patrimonio de lujo que incluye chalés, yates, yeguadas, ganaderías o aviones. El cabeza de ese hogar, Juan Antonio Roca, se enfrenta por ello a 30 años de cárcel y al pago de 810 millones de multa acusado por la Fiscalía de blanqueo de capitales, prevaricación, malversación, fraude y cohecho.

 

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer el escrito de acusación contra los 95 imputados en la mayor trama de corrupción urbanística a través de un ayuntamiento, el caso Malaya destapado en 2006 en Marbella y cuyo juicio comenzará el 27 de septiembre. Su red se extiende a toda la corporación municipal y a la esposa e hijos de Roca, además de a empresarios como Rafael Ávila Rojas, Tomás Olivo, José María González de Caldas o Miguel López Benjumea; a despachos de abogados como Sánchez Zubizarreta y Soriano Pastor; a tratantes de arte como Pedro Peña Barragán y hasta el jefe de la Policía Local Rafael del Pozo y el funcionario de los juzgados Francisco Ramírez, que alertaban a Roca si sus actividades personales o contratos municipales eran investigados.

El ministerio público solicita 20 años de prisión y 3,7 millones de multa para Marisol Yagüe, la alcaldesa elevada al cargo por Roca cuando el anterior regidor, Julián Muñoz, se interpuso en su camino; 10 años y 400.000 euros de multa para el propio Muñoz; y 12 años y 705.400 euros para Isabel García Marcos. La edill socialista pasó de ser el azote del GIL a apoyar la moción de censura contra Muñoz que concentró aún más el poder sobre el urbanismo marbellí en Roca quien se comportaba "como el verdadero alcalde mientras la alcaldesa se colocaba bajo sus órdenes".

La Fiscalía atribuye a Roca -o Alfa 0, como aparece en las conversaciones telefónicas de un móvil encriptado con el que se comunicaba con su familia y allegados- la creación de un "urbanismo a la carta" en Marbella que usó para "lucrarse económicamente". Desde su vinculación al consistorio en 1992, y "pese a no ser cargo electo ni detentar jefatura de servicio municipal", ostentó siempre "una posición de dominio sobre la corporación municipal hasta el punto de que distintos concejales y la propia alcaldesa (Yagüe) aparecían subordinados a su poder de decisión". Este dominio se "sustentaba mediante el soborno sistemático" y el "pago regular de importantes cantidades de dinero" procedentes de empresarios también procesados en la causa que le permitían "disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales". Roca mandó en el urbanismo marbellí "hasta el mismo 29 de marzo de 2006, fecha de su detención".

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