Acorralado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado dos años y cuatro meses de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio en Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, por presuntos delitos fiscales en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002, según el escrito de acusación presentado por el fiscal Miguel Ángel Carballo.
Se pide, además, la apertura de juicio oral contra ambos, así como contra el exconsejero delegado de la compañía Air Comet y expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, para el que se solicita la misma pena de cárcel. El fiscal reclama a todos abonar una multa conjunta de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades de 2002, tras la adquisición de Aerolíneas Argentinas por Air Comet y Viajes Marsans.Será el primer juicio penal que afrontan el expresidente de la patronal y su antiguo socio por la gestión de sus empresas. Ambos han declarado esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de euros procedentes de las reservas de viajes de los clientes de grupo Marsans.
Aquella operación se realizó a través de Air Comet y Segetur, cuya representación ostentaba Mata, Transportes de Cercanías, representada por Gerardo Díaz Ferrán, y Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), a cargo de Pascual. El fiscal considera a estas tres empresas responsables civiles del delito fiscal.
En noviembre de 2000, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hizo con el 99,2% de Interinvest, sociedad domiciliada en Argentina y propietaria, a su vez, del 92,10% del capital de Aerolíneas Argentinas y el 90% de Austral, una compañía aérea doméstica. Y las dos arrastraban numerosas pérdidas.
El 2 de noviembre de 2001, la SEPI vendió sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. El contrato fue firmado por el entonces presidente de la SEPI, Ignacio Ruz-Jarabo, y por esos tres acusados en nombre de la aerolínea Air Comet y las otras dos sociedades también accionistas de la aerolínea española.
En la estipulación novena del contrato, la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares (228,86 millones de euros) contraídos por Aerolíneas y Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas. Con este dinero, los tres socios de Air Comet pagaron deudas por valor de 207,357 millones de euros, créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la empresa española se considerara beneficio. Los acusados debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades.
