La Fiscalía de Sevilla pedirá un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP), y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por permitir de manera ilegal desde 2001 la instalación de varias industrias en un antiguo secadero de algodón.
Fuentes judiciales informaron ayer a la agencia Efe de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo imputa a ambos políticos un delito continuado contra la ordenación del territorio, porque permitieron la instalación en un terreno calificado como "de uso agropecuario" de un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos.
Desde 2001 hasta la actualidad, tanto el regidor como su predesor permitieron la "consolidación de hecho" de un polígono "totalmente ajeno a la legalidad", sostiene el fiscal en su escrito de acusación, que se une al presentado por los vecinos afectados por las molestias de estas instalaciones en su entorno, que piden para cada acusado cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público.
El ministerio público agrega que entre 2001 y 2005 tuvieron lugar al menos ocho plenos en los que se denunció la ilegalidad de las sucesivas licencias otorgadas y las molestias que estaban sufriendo los vecinos, y además tanto el arquitecto municipal como el secretario municipal emitieron sendos informes en contra.
El polígono en cuestión se sitúa en el entorno de la Alameda y sus vecinos entregaron numerosas quejas por los ruidos, especialmente en horas de madrugada, "y además elevaron, sin éxito, alegaciones en todos los expedientes, según el fiscal".
