La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Decano de Málaga que investigue el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados después de que lleve desde mayo de 2013 estudiando el caso y tras recibir los informes de los investigadores. El escrito del fiscal, de más de veinte folios, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga y este ha incoado las diligencias previas y lo ha vuelto a remitir al decano para lleve a cabo su reparto. En dicho escrito, el ministerio público pide que el juez tome declaración en calidad de imputados y testigos a una serie de personas y además pide una serie de pruebas. La denuncia, ahora en manos del juzgado decano, se refiere sólo a Málaga y provincia, ya que anticorrupción ha deducido testimonio de las pesquisas referentes a Almería y Sevilla y ha remitido toda la documentación a las fiscalías correspondientes de cada una. Fuentes judiciales consultadas por Efe han explicado que las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones. La investigación remitida al juzgado decano se centra en la subvenciones del programa para el empleo con contratación en 2010 por un montante total de 1,7 millones de euros, aunque las fuentes han precisado que no toda esta cantidad ha sido irregular. Las diligencias de la investigación se centraron en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones públicas en dicha convocatoria, sociedades que van desde academias a escuelas de masajes con un objeto social en el que indicaban "actividad educativa y formativa". La investigación se inició a raíz de una denuncia de la sesión de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF). El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la UDEF. Ahora esta unidad ratifica las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedió los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia. Los agentes determinan en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos. La Fiscalía Anticorrupción de Málaga lleva desde mayo de 2013 investigando el supuesto fraude y la Fiscalía Superior de Andalucía emitió el pasado abril un decreto en el que afirmaba que había indicios de delito en el uso de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el empleo. El decreto firmado por el Fiscal Superior, Jesús García Calderón, se realizó tras el informe hecho por la Policía Judicial después de conocer el documento de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas de 2009 y 2010, que fueron de 798 millones de euros.
