El caso del Yak-42, el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, vuelve a los Juzgados. La Fiscalía pidió que se reabra la causa sobre la identificación de los cadáveres de los fallecidos, ya que considera que "hay suficientes indicios" de que se falsearon hasta 30 identidades.
El fiscal de la causa, Fernando Burgos, intervino en la vista sobre los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y los representantes de las familias de las víctimas contra el archivo de la investigación que dictó el juez Fernando Grande-Marlaska el 11 de enero porque, según argumentó, los mandos militares las realizaron de forma "arbitraria y a sabiendas de que era incorrecta".
De esta manera, Burgos acusó al general de Sanidad Vicente Navarro de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turquía) en 2003 y "rellenar de forma arbitraria" los 30 espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no identificaron.
Cuando dos días después del accidente aéreo -continuó el fiscal- el último avión con los cadáveres llega a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) aquella lista estaba completa, con los 62 militares identificados. Por ello, Burgos acusó también del mismo delito de falsedad documental al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Saez porque hicieron un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.
Las familias de las víctimas, que también imputan el delito de prevaricación a los cuatro militares, también hicieron hincapié en el "daño moral" y el "calvario" que sufrieron los allegados de las víctimas al descubrir que los restos que les habían entregado no correspondían con los de sus seres queridos. "Fueron atropellados innecesariamente por quienes deberían haber extremado la solidaridad y el respeto más riguroso", dijo Torres. Además, incorporan en su lista de imputados al general Beltrán, al considerar que "tuvo conocimiento directo de los hechos, participó en ellos y firmó el acta de entrega de los certificados de defunción", según explicó el letrado de los familiares, que añadieron que el entonces ministro Federico Trillo le encargó que "tramitara con urgencia el regreso a España de todas las cajas".
Por su parte, el abogado defensor del general Navarro defendió que los únicos documentos con efectos jurídicos elaborados por los militares fueron los certificados de defunción, que "no faltaban a la verdad porque decían que una determinada persona había fallecido en una fecha y en un lugar". "Cuesta pensar que en medio de ese paisaje dantesco, en aquella situación, [Navarro] iba a estar maquinando que iba a hacer una lista con nombres que no se iban a corresponder con los cuerpos", defendió.
Causa. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó en noviembre el sobreseimiento de la causa al entender que a pesar de que la conducta fue "grave" no encajaba en el delito de falsedad documental del que habían sido acusados.
El accidente del Yak-42, que tuvo lugar en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz y que abrió un largo proceso judicial tanto en los posibles errores de identificación de los cuerpos como en la fiabilidad del avión.
