La Fiscalía de Madrid se retractó el miércoles de la petición de pena de 39 años de prisión que solicitaba para el pedófilo Alvaro Iglesias Gómez, alias 'Nanysex', por las vejaciones a las que sometió a cinco bebés, aumentando a 175 años de cárcel su petición de condena por 23 delitos de abusos sexuales, de ellos trece con acceso carnal y diez sin penetración, y cinco por difusión de pornografía infantil, con la circunstancia agravante de abuso de confianza.
En la exposición de su informe, la fiscal explicó su rotundo cambio de postura, alegando que cada abuso sexual debe ser contemplado de manera individual debido a que se llevaron a cabo en "un momento diferente". En un principio, reclamó que se le acusara de cinco delitos de abusos sexuales continuados, al estimar que estos actos habían sido prolongados en el tiempo. En cuanto a la responsabilidad civil, la representante del Ministerio Fiscal reclamó que indemnice con 440.000 euros a sus víctimas.
En cambio, mantuvo la calificación de los hechos como abusos y no como agresiones sexuales, al apreciar que 'Nanysex' y sus acólitos no utilizaron la violencia ni la intimidación para doblegar a sus víctimas, requisitos legales que establece el Código Penal para que se produzca una agresión sexual.
Las acusaciones particulares y populares, que representan Manuel Maza y Jesús Garzón en nombre de la Fundación Sandra Palo, elevaron sus penas para Alvaro Iglesias, al calificar cinco de los abusos como agresiones sexuales. Maza aumentó su solicitud de condena de 51 años a 162 años y medio, mientras que Garzón de 65 a 110 años de prisión.
En un receso, Garzón especificó a los medios que han encontrado "agresiones sexuales en cinco delitos, atendiendo a la edad de los pequeños y al uso de la fuerza" de la que se valió 'Nanysex' para agarran a los niños.
Por su parte, la defensa de 'Nanysex' reclamó 19 años y medio de cárcel para su cliente por cinco delitos continuados de abuso sexual, con la agravante de abuso de confianza y las atenuantes de trastorno mental, colaboración de la Justicia y arrepentimiento por "proceder a disminuir los efectos del daño ocasionados a las víctimas".
El abogado Carlos Orbañanos, que le representa, solicitó que se le sustituya la pena privativa de libertad en un centro penitenciario por el internamiento durante el tiempo de la condena para el tratamiento en un centro psiquiátrico.
Aumento de las penas.En cuanto a los otros pederastas, la fiscal aumentó de 24 a 86 años de cárcel la pena para José Gómez Cansino, alias 'Aza', por diez delitos de abusos sexuales, ocho con acceso carnal y dos sin penetración, con la agravante de abuso de confianza. Para Eduardo Sánchez Moragues, alias 'Todd', pidió 16 años y medio frente a los 13 y medio que solicitaba inicialmente, mientras que para Antonio Olmos redujo la condena de 10 a 4 años de cárcel por un delito continuado de difusión de pornografía infantil.
Por su parte, Maza reclamó al tribunal que condene a 42 años de prisión a 'Todd', a 115 años de cárcel a 'Aza' y a 12 años de prisión a Olmos. En su informe, Maza solicitó a la Sección Vigesimotercera que aplique medidas de seguridad sobre los procesados, una vez que cumplan condena ante "las altas" posibilidades de que vuelvan a reincidir, tal y como indicaron los psiquiatras que examinaron a 'Nanysex' y a sus compinches.
Excepto Antonio Olmos, los miembros de la red de pederastas no pisarán la calle probablemente hasta que cumplan veinte años en prisión, tiempo máximo de cumplimiento de una pena establecido en el Código Penal. "Lo que hay que evitar es que salgan a la calle sin que unos forenses determinen que están en condiciones para ellos", apostilló Maza.
Tras concluir la sesión, el abogado José Manuel Orbán, que asiste a Gómez Cansino, manifestó a los periodistas que la pena solicitada por la Fiscalía para su cliente "no se ajusta a derecho". En su informe, defendió que los vídeos en los que José aparece vejando a los niños han sido "manipulados". Según sus conclusiones, los menores aparecen en las imágenes "sin exteriorizar molestia" y con "semblante sonriente".
Orbán habló ayer por primera vez a los medios, tachando el proceso de "hostil y desagradable" para todos los que se sientan en la Sala. "Los propios acusados son víctimas de sí mismos y deberán pagar por lo que han hecho", manifestó José Manuel Orbán, agregando que su deber es "luchar" para que su cliente sea "juzgado" por los hechos que se le imputan.
Sensibilizado por las duras imágenes que visionó ayer, el letrado insistió en que "se necesitan más medios para localizar a otros pederastas". "Estos están ya en manos de la Justicia, pero hay muchos otros que están en la calle. Los niños tienen el derecho a vivir en paz. Aquí se les ha extorsionado ese derecho", apostilló.
