Alfredo Sánchez Monteseirín y Antonio Rodrigo Torrijos. / Paco Puentes
La Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito en el que se opone a la imputación del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín por las irregularidades detectadas en las ayudas concedidas a la Fundación DeSevilla, caso por el que están imputados el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el exconcejal de IU Carlos Vázquez y el gerente de la fundación Miguel López Adán. La propia fundación, que ejerce la acusación particular, fue la que solicitó al Juzgado de Instrucción número 16 la imputación del exalcalde socialista, sobre la que ahora tendrá que pronunciarse el juez.
No hay indicios de delito en la actuación del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín en la aprobación de una ayuda cercana al millón de euros para la Fundación DeSevilla y que no fue justificada debidamente. Es la conclusión que expone la Fiscalía de Sevilla en un escrito en el que se opone a que éste sea imputado, con el que contesta a la petición de la propia fundación, que ejerce la acusación particular en la causa. Por estas diligencias están imputados el ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal de IU Carlos Vázquez y el gerente de la fundación Miguel López Adán. La decisión está ahora sobre la mesa del titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas.
Fuentes del Ministerio Público explicaron que la decisión del fiscal se basa en que en los hechos investigados no hay indicios «por el momento» de que Sánchez Monteseirín cometiera un delito de prevaricación en la concesión de una ayuda de 990.000 euros, ya que aunque hubo «reparos previos» de la Intervención a que se entregara parte de ésta porque no se había justificado una entrega anterior, luego en el consejillo previo a la Junta de Gobierno Local, el interventor «no dijo nada». En ese momento, además la fundación había aportado un aval, que posteriormente no fue válido, lo que hizo que se pudiera entender como superados esos reparos.
La Fiscalía responde así a la petición planteada por la Fundación DeSevilla que pidió que se citara como imputado tanto a Monteseirín como al resto de concejales que intervinieron en la concesión de esta ayuda, de 990.000 euros, que se entregó para trece proyectos en Cuba, Nicaragua y Palestina. Un subvención que finalmente no fue debidamente justificada.
La Fundación DeSevilla explicaba en su escrito que sin la intervención de Sánchez Monteseirín y los concejales asistentes a la Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2011 «habría sido imposible la consumación de los hechos delictivos en torno al expediente 98/08», el de la subvención investigada. Según el interventor municipal, que en febrero declaró como testigo, la Junta de Gobierno Local aprobó «por unanimidad», «sin deliberación» y «a sabiendas de las discrepancias» la ayuda. Por ello, además de Monteseirín, pidió la imputación de los exediles Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Vázquez.
Además, la entidad ampliaba las imputaciones no solo a la subvención citada, sino también a los expedientes 19/06 y 37/09, en los que «se observa claramente su paralelismo con el expediente 98/08 y la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza». Por el primero, Alberto Morilla como delegado de Cooperación al Desarrollo y Domingo Enrique Castaño, como representante de la fundación, acordaron la concesión de una subvención de 150.000 euros para tres proyectos de consumo sostenible de agua y eliminación de fugas en las instalaciones domésticas de La Habana, otro de mejora del proceso de potabilización del agua en Nuackchot (Mauritania) y otro para la gestión ambiental de residuos sólidos en Varadero (Cuba). Según el escrito, los 52.500 euros que se dieron para Varadero nunca se justificaron ni devolvieron, por lo que pidió la declaración como imputados de Morilla y Castaño, y de Silva, García Martínez, Carlos Vázquez, Manuel Copete y Miguel López Adán. Respecto al expediente 37/09, que implicaba una ayuda de 713.315 euros que «contó desde su inicio con los informes en contra del interventor», quien denunció que «se aprobó por la vía de urgencia sin el previo informe de esta dependencia». Hechos por los que reclamó la imputación de Vázquez, Manuel Copete, Torrijos, Juan Antonio Gilabert, Emilio Carrillo, Jon Ander Sánchez, Manuel Jesús Marchena, Rafael Fernández Serra y Gonzalo Rivas.
