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El fiscal sostiene que los imputados de Mercasevilla "iban a trincar"

Mantiene su petición de condena a los cuatro acusados que “quisieron hacerse ricos” a costa de sus cargos

el 16 oct 2012 / 09:36 h.

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Salas Burzón, en una cita judicial en mayo de 2009.
La Fiscalía considera que el presunto intento de cohecho en Mercasevilla "es un claro intento de corrupción" cometido por "cuatro funcionarios públicos que, a costa de sus cargos, quisieron hacerse ricos" solicitando supuestamente una comisión ilícita a los empresarios del Grupo La Raza a cambio de la concesión de la escuela de hostelería del mercado. En la décima sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha mantenido su petición de condena -multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para cargo o empleo público- para el exdirector general de la lonja Fernando Mellet; su adjunto Daniel Ponce; el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas; y la coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira. Durante la exposición de su informe final, Egocheaga sostuvo que los cuatro "iban a trincar" y los propios empresarios afectados "dijeron que les iban a robar", una conducta "que no podemos permitir" y que "tiene que ser erradicada" por la sociedad.

Tras subrayar que los acusados solicitaron "una mordida, un dinerito extra, y ello constituye un delito que debe ser castigado por reprobable" a fin de que "no se vuelva a repetir", el fiscal insistió en que "hubo un concierto" entre los cuatro para obtener la subvención de 900.000 euros que la Junta concedió para la escuela de hostelería y, a través de ella, "obtener un enriquecimiento ilícito a costa de los empresarios" que el fiscal cifra en 450.000 euros.

Según el fiscal, los cuatro imputados "tienen una participación" en los hechos aunque "distinta" en cada caso. Para Egocheaga, Rivas "está muy cerca de la subvención" e intervino ampliamente en su tramitación; Mellet y Ponce "asumieron con entusiasmo" el encargo del exdelegado de Empleo y ninguno "se sorprendió de él" y Pereira asistió a la primera reunión. Sobre la negativa a declarar en el juicio de Mellet y Ponce, el fiscal señaló que aunque no es una autoinculpación supone una "conducta reactiva" respecto a sus declaraciones a la Policía en las que apuntaron a Rivas por lo que "hay que valorar ese silencio". "Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras", dijo en alusión a la grabación que los empresarios hicieron de la conversación en la que presuntamente los imputados les pedían la mordida.

Precisamente, en la sesión de ayer comparecieron los peritos que analizaron la cinta y mientras los de la Guardia Civil defendieron que ésta no tenía "cortes" o "inserciones", la perito de la Policía Nacional confirmó su informe en el que señala que la calidad de la grabación es "deficiente" y "está distorsionada y tiene solapamientos". El fiscal se refirió también al conseguidor y exsindicalista Juan Lanzas, que "es como en una boda, pues no lo conocen ni los invitados del novio ni los de la novia, pero está en la boda".

Tras el Ministerio Público, el abogado de la Fundación, Juan Piñeyro, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y aseveró que "asusta la naturalidad con la que se pide la comisión", añadiendo que este caso ha "dañado" tanto a la fundación como "a toda Sevilla y Andalucía". "Es un escándalo de corrupción y el que la hace, la tiene que pagar", subrayó. El abogado que ejerce la acusación en nombre del PP, Luis García Navarro, mantuvo su petición para cada acusado de tres años de inhabilitación y multa de 1.350.000 euros. Las defensas pidieron la absolución.

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