El ex juez Francisco Javier de Urquía orquestó la "extorsión" a un empresario para ofrecerle favores en la instrucción de su caso a cambio de ocho millones de euros. Es lo que considera cierto y probado el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, quien ayer presentó sus conclusiones sobre el caso tras nueve sesiones de juicio. Según su escrito, Urquía aprovechó su posición como instructor del caso Hidalgo por una presunta trama de blanqueo de capitales en torno al bufete marbellí Cruz-Conde, para ponerse de acuerdo con dos amigos -también imputados- y, usándolos como intermediarios, obtener sumas a cambio de facilidades.
La defensa por contra, sostuvo durante dos horas que todo es fruto de una "venganza" de los implicados en Hidalgo, que las explicaciones del fiscal son "extrañas e insólitas" y que sus argumentos "no tienen ni pies ni cabeza". El fiscal sigue solicitando para Urquía dos años de prisión, 30 de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y 8,1 millones de euros por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. El juicio quedará hoy visto para sentencia.
En el informe fiscal se detallan siete elementos "incriminatorios" de Urquía y los otros tres imputados: Arnaud F.A. e Igor M.L., amigos del ex juez, y el empresario del petróleo Azan K. El primero es el hecho de que coincidan en el tiempo los supuestos intentos de extorsión de los colegas del juez con las resoluciones que hacía De Urquía como instructor, siempre favorables al empresario. "Es difícil de concebir", dice Calderón, que estos hechos no estén plenamente conectados. También entiende como pruebas las declaraciones "mendaces" y "descabelladas" de los tres amigos, que "han faltado a la verdad", así como el "ánimo de ocultación" que se detecta en las conversaciones telefónicas grabadas al ex magistrado, que habla en "sentido crítico" porque temía que la línea estuviese pinchada. Hay otras grabaciones, con charlas entre Igor M.L. y el hijo del empresario extorsionado, que "demostraban" que el amigo del juez conocía detalles de la instrucción de Hidalgo que habían sido declarados secretos, y que conocería supuestamente porque Urquía se los contó para que pudiera presionar y pedir dinero a cambio.
El quinto argumento es que son "relevantes" las declaraciones del empresario imputado y su hijo, relatando la oferta del ex juez, así como un inspector de Policía, mantenidas en el tiempo; el sexto es una prueba caligráfica en la que se constata que Arnaud F. A. escribió un papel con detalles de la operación relatados por el juez y la séptima -una de las más potentes-, es la actuación del propio Urquía en la designación del administrador judicial de las empresas intervenidas en Hidalgo, la fijación de su retribución y la puesta en libertad de Azan K. pocos días después de que éste supuestamente pagara 60.000 euros a cambio de salir de prisión.
Es más: afirma que hizo evaluar la elección de ese administrador (al que nombró de forma directa, sin preguntarle por su titulación o experiencia y al que puso una alta retribución) por el Fiscal Anticorrupción de Málaga "para cubrir" su estrategia. Este fiscal, Juan Carlos López Caballero, le dio el visto bueno porque "confiaba" en el entonces juez.
