La contaminación del río Guadaíra vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía de Sevilla, que, tras varios intentos frustrados por lograr una condena por vertidos al cauce, carga ahora contra cinco empresas aceituneras de Morón de la Frontera.
La Fiscalía de Medio Ambiente denuncia en el juzgado a los representantes legales de cinco empresas del sector de este pueblo de la Sierra Sur a las que imputa un delito ecológico por vertidos de sus desechos aprovechando los días de lluvia para pasar desapercibidos. En 2004 intentó el más sonado de estos maxiprocesos, con empresarios de Arahal. Todos salieron absueltos.
El fiscal, en denuncias a las que tuvo acceso la agencia Efe, analiza los "datos objetivos" de producción de las cinco denunciadas, su consumo de agua y la capacidad de sus balsas de evaporación, que en ocasiones no llega ni al 10% del total de residuos que generan, y deduce que "el resto se vierte" a los ríos a través del alcantarillado. Del mismo modo, expresa sus sospechas de que los vertidos al Guadaíra "se evacúan haciéndolos coincidir con los días de lluvia, como sugiere el aumento de contaminación del río en esas fechas".
Las denunciadas son la cooperativa Nuestro Padre Jesús de la Cañada, Ángel Camacho, Aceitunas Guadalquivir, Óleo Morón y Castillo López, a las que el fiscal imputa un delito contra el medio ambiente por el que sus representantes legales se enfrentan a condenas de entre seis meses y cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para la profesión del aderezo. Esta denuncia se une a la que presentó la semana pasada contra el alcalde del municipio, Manuel Morilla (PP), y el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ramírez, por su "total inactividad" para evitar los vertidos al Guadaíra.
El fiscal investigó inicialmente a nueve empresas del entorno, pero finalmente sólo denunció a las cinco que respondieron con argumentos "endebles" al expediente, pues "aparentemente no tienen capacidad para evaporar todos los residuos generados" y a la vez "tienen acceso a evacuar a la red de saneamiento".
Esta denuncia tiene su origen en una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la que se daba cuenta de la "situación crítica de la calidad de las aguas del Guadaíra", que estuvo acompañado de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
De las empresas afectadas, sólo respondió a este periódico Castillo López, quien negó haber vertido a la cuenca del Guadaíra. "Tengo las mediciones", sentenció el empresario. Éste alabó la política de la CHG: "El que contamine, que pague". Sin embargo, defendió que en su caso la acusación es injusta. En este sentido, se mostró tranquilo y recordó que otra denuncia contra él fue archivada en 2007.
