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El Foro Judicial denuncia el "acoso" contra la juez que investiga al Betis

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, mantiene imputado a Lopera y a otros directivos por presuntos delitos societarios en la gestión del Real Betis, que según los peritos judiciales han causado al club un perjuicio económico de 12,9 millones de euros.

el 02 nov 2010 / 09:18 h.

El Foro Judicial Independiente ha rechazado el "acoso" que sufre la juez que investiga al máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, y otros directivos del club, y se ha felicitado por la "rápida" actuación de la Fiscalía al abrir diligencias contra el consejero deportivo, Luis Oliver.

En un comunicado remitido a Efe, el Foro Judicial muestra su "enérgico y total rechazo al acoso que está sufriendo la magistrada instructora con ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional", y afirma que "su independencia y profesionalidad están fuera de toda duda".

La asociación de jueces reprocha las "inaceptables descalificaciones" hechas el pasado día 26 de octubre por Luis Oliver, dueño de la empresa que compró las acciones del Betis a Lopera, quién aseguró en una peña bética de Utrera (Sevilla) que "ni los nazis hacían lo que hace esta loca".

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, mantiene imputado a Lopera y a otros directivos por presuntos delitos societarios en la gestión del Real Betis, que según los peritos judiciales han causado al club un perjuicio económico de 12,9 millones de euros.

El Foro Judicial afirma que "en un Estado de Derecho no son los insultos groseros ni las calumnias los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para criticar y rebatir las actuaciones jurisdiccionales, sino los recursos".

Manifiesta su satisfacción por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla "haya actuado con rapidez, iniciando inmediatamente diligencias de investigación por un presunto delito de injurias a la autoridad".

Entiende que "el abandono y menosprecio que el Poder Judicial sufre a manos de los otros dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, estimula desgraciados comportamientos como el que nos ocupa".

La finalidad última de tales intervenciones, a su juicio, es "deteriorar la serenidad y sosiego que ha de presidir la actuación judicial".

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