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El franquismo enquistado en el aula

Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Benjumea Burín, Mota Salado... En Sevilla se sigue homenajeando a una decena de personajes clave del golpe del 18 de julio y la posterior Dictadura, y en las fachadas de tres centros luce el escudo franquista. (Foto: José Manuel Cabello).

el 15 sep 2009 / 00:37 h.

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Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Benjumea Burín, Mota Salado... En Sevilla se sigue homenajeando a una decena de personajes clave del golpe del 18 de julio y la posterior Dictadura, y en las fachadas de tres centros luce el escudo franquista. El Consejo Escolar del Estado ha llamado a las administraciones educativas a no consentir tamaño anacronismo.

Quizás, lector, no le suene de nada, o acaso de poco, nombres como los de Joaquín Benjumea Burín, Manuel Lora Tamayo o Elena Canel, pero seguro que sí los de Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera. Quizás tampoco haya reparado en el detalle de la fachada principal del Instituto San Isidoro, en plena calle Amor de Dios, o en la del Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza, en Recaredo; pero si se fija, allí advertirá el escudo franquista con su águila imperial, su yugo y sus flechas. Y si busca en los libros de Historia, se percatará del currículo de los personajes antes relatados y sabrá que, en los tiempos que corren, nada tienen de mérito para seguir dando título a una decena de colegios e institutos de Sevilla y su provincia, y encima públicos.

Al albur de la recientemente aprobada Ley de la Memoria Histórica, que no viene a reabrir heridas ni a reavivar enfrentamientos cainitas -por más que haya quienes no alcancen más allá en sus intepretaciones-, lo que se ha perfilado es un nuevo marco legal desde el que, aparte de reconocer a tantos miles de víctimas de crueles y arbitrarias injusticias, eliminar gradualmente de nuestro Estado de derecho cualquier signo de distinción o reconocimiento de aquel nefasto régimen dictatorial. Máxime si se trata de homenajes encubiertos o indirectos a sus personajes más destacados.

Primero la educación. En lista de espera sigue la lluvia de peticiones para que los callejeros de nuestras ciudades se despojen de este tipo de tributos sin sentido. Y mientras se acomete la purga debida con cuentagotas por un excesivo celo de las autoridades municipales -en Córdoba, por contra, se zanjó el asunto de una tacada durante el primer mandato de Julio Anguita en 1979-, van aflorando nuevos frentes que nos revelan el absurdo institucional existente.

Ya no es un grupo de investigadores o historiadores, ni siquiera de simples miembros de asociaciones de memoria histórica, el que alza su voz; es el Consejo Escolar del Estado, que representa a toda la comunidad educativa, el que, el pasado 29 de enero, aprobaba una resolución, a propuesta del Sindicato de Estudiantes y con el apoyo de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), en la que urge a las administraciones educativas a promover la retirada de toda clase de símbolos franquistas y denominaciones de los centros educativos en los términos que establece el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica.

Y aunque no deja de ser una recomendación, vale su peso porque, moralmente, administraciones como la Consejería de Educación no deberían seguir impasibles.

El caso de Sevilla. Trasladado a nuestra ciudad y su provincia, resulta que al menos hay una docena de centros sobre los que esta consejería debería actuar, instando a los respectivos claustros y direcciones a una reforma que, no obstante, no será todo lo ágil que cabría esperar porque hay posiciones ciertamente enconadas.

Sea como fuere, y para que quede constancia del dislate en que se educan los alumnos, se dirá que, en lo que a símbolos respecta, hay tres casos claros: los escudos del Instituto San Isidoro, el Colegio Virgen de la Esperanza de la calle Recaredo, y curiosamente, el que luce en piedra en una de las puertas de la Universidad de Sevilla, en la antigua Fábrica de Tabacos.

En cuanto a nombres, el listado comprende los de diez colegios que, paradójicamente, son públicos, lo que resulta si cabe más chocante: el Lora Tamayo en Bellavista, el Calvo Sotelo en Écija más otro en la calle Arroyo; el Joaquín Benjumea Burín en Espartinas, más otro en Alcosa; el Primo de Rivera en Morón de la Frontera, el Inspectora Elena Canel en el Tardón, y el Rector Mota Salado en San Jerónimo. A los que sumar el Instituto Carlos Haya en Los Remedios.

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