Foto de archivo del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda en el momento de su llegada al juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz. Foto: EFE
El supuesto fraude en las subvenciones para cursos de formación a parados que se circunscribe a la operación Óscar, desarrollada esta semana y que ha dejado nueve detenidos, entre ellos el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, podría alcanzar los 50 millones, según cifró ayer la Policía. Ojeda, el principal investigado e imputado por el fraudes, controlaba más de medio centenar de empresas y fundaciones. Una sola de estas ONG controladas directa o indirectamente por el exconsejero, que además fue creada ex profeso, habría obtenido cerca de 7,5 millones. Además de Ojeda, entre los arrestados en la operación, que continúa abierta, hay miembros de los patronatos y juntas directivas de la trama de fundaciones y asociaciones, un administrador y una técnica de formación.
La Policía ha practicado esta semana cuatro registros en domicilios y sedes de empresas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), La Rinconada y Sevilla capital y se incautó de material informático y documentación relacionada con la presunta comisión de delitos continuados de fraude en la obtención de comisiones, así como de falsedad documental.
El pasado lunes fueron detenidas por agentes de la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de los grupos de delincuencia económica de las comisarías de Cádiz y Sevilla nueve personas supuestamente relacionadas con este fraude, entre ellas Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1987 y 1990.
De los nueve detenidos, cuatro fueron puestos por la Policía en libertad con cargos, y el resto fue puesto a disposición judicial. El pasado miércoles Ángel Ojeda, que había sido detenido en su chalé de Sanlúcar de Barrameda, compareció ante un juez de Cádiz, que lo dejó el libertad con cargos, le retiró el pasaporte y le imputó los supuestos delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones, apropiación indebida y delitos contra la Administración Pública. La juez sevillana Mercedes Alaya, a quien ha correspondido uno de los sumarios por irregularidades en los fondos de formación andaluces, asumirá previsiblemente la causa contra el exconsejero de Hacienda.
El PSOE reiteró ayer que debería ser el Gobierno de Mariano Rajoy quien de explicaciones sobre este caso, ya que le concedió una ayuda de cinco millones a una empresa de Ojeda en noviembre de 2013. El PP-A replicó que la propuesta socialista era «de risa», y conminó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a acudir al Parlamento para dar explicaciones. El supuesto fraude en los cursos de formación surge a partir de unas denuncias en Málaga sobre supuestas irregularidades en la gestión de los cursos para parados por parte de las empresas beneficiarias de ayudas públicas (cursos no homologados, que nunca se realizaron pese a percibir subvenciones, formadores no dados de alta en la Seguridad Social, facturas falsas...)
Al hacerse público el escándalo, la Junta inició una investigación interna, revisando uno a uno más de 8.500 expedientes de ayudas para cursos de formación desde 2007. El rastreo culminará en diciembre de 2015. El socio de Gobierno, IU, ha reprochado esta semana «la falta de respuesta» de los socialistas sobre el fraude en los cursos de formación. «Nos instalamos en la misma gravedad que llevamos conociendo desde hace tiempo con el proceder tan laxo y relajado de la Administración andaluza, primero los ERE y ahora los cursos», denunció el portavoz de IU, José Antonio Castro.
