El fraude en la formación acelera la reforma de la Cámara de Cuentas

IU apremia al PSOE a modificar el órgano que fiscaliza las cuentas antes de fin de año, y así distanciarse de las críticas por corrupción que salpican a los socialistas.

el 18 ago 2014 / 11:30 h.

Las banderas del Parlamento ondean a media asta En medio de la vorágine del fraude en los cursos de formación, que parece seguir la misma estela que el caso ERE –los jueces estudian si alguien se benefició ilícitamente de las ayudas públicas, o si fue la administración la que diseñó o propició un procedimiento para ilegal–, IU ha decidido endurecer la presión sobre sus socios de Gobierno, el PSOE, para acelerar la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas. El vicepresidente Diego Valderas está convencido de que el texto definitivo verá la luz a final de año, al menos con un acuerdo entre ambas fuerzas, y luego intentarían que se sumara el PP. De momento ambos grupos han intercambiado hasta cinco borradores de síntesis sobre la futura ley, con medidas de unos y otros, pero hasta después del verano no está previsto que se redacte el proyecto que irá al Parlamento como propuesta de ley. La reforma de la Cámara de Cuentas viene a transformar este órgano que sirve para fiscalizar el uso que se le da a los fondos públicos andaluces, aunque en la práctica sus informes de auditoría llegan cuando hace tiempo que se ha hecho el gasto y sus resoluciones no se hacen efectivas de forma inmediata. La Cámara de Cuentas ha puesto de manifiesto muchas de las supuestas irregularidades que están saliendo ahora, y que se están investigando en los tribunales, tanto los ERE como los cursos de formación. Pero eso no ha impedido que se produzca y se prolongue un supuesto fraude a la Hacienda pública. PP, PSOE e IU, por diferentes motivaciones políticas, coinciden en que es necesario dotar al órgano fiscalizador de más poder, de capacidad sancionadora, para que no se limite a informar a posteriori sobre lo que se hizo mal, sino que pueda «censurar, corregir y penalizar a los cargos públicos que no rindan cuentas». Fue uno de los compromisos más concretos de la presidenta Susana Díaz durante su discurso de investidura: la promesa de fortalecer la Cámara de Cuentas era, junto a la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana, una de las medidas estrella para arrinconar a la corrupción. El órdago de la propuesta socialista es que la Cámara de Cuentas pueda también fiscalizar la financiación de los partidos políticos, además de los sindicatos y entidades privadas que reciben subvenciones públicas. La coalición de izquierdas, en cambio, está más volcada en la idea de ampliar las competencias de este órgano para que no sólo fiscalice el plan contable y financiero de la Junta, sino que también controle y ponga objeciones al procedimiento para conceder ayudas y en la gestión del dinero público. Este matiz es importante porque remite directamente a la duda razonable que trata de dilucidar la jueza Mercedes Alaya en el caso ERE: ¿el fraude se produjo por una acción solitaria de una o varias personas de la administración ayudada por personas de fuera, o se produjo porque alguien con mucho más poder en el organigrama del Gobierno diseñó y autorizó todo un procedimiento para la concesión de ayudas públicas con objeto de enriquecerse? El PSOE, y los miembros del anterior Gobierno, se quedan con la primera tesis. IU también defiende esta hipótesis, pero no lo tiene tan claro y deja caer que el sistema para la concesión de ayudas era, como poco, «permeable» y «discrecional». Por su parte, el PP ha reclamado al consejero de la Presidencia que haya un debate previo en el Parlamento antes de que los socios de Gobierno presenten el proyecto de ley ya redactado. Los populares quieren excluir la fiscalización de los partidos políticos de la reforma de la Cámara de Cuentas. El principal grupo de la oposición ha presentado varias propuestas de resolución en el Parlamento pidiendo una reforma del órgano que le dote de capacidad sancionadora, pero el PSOE lo ha tumbado, alegando que había un proyecto de ley en el horizonte. La reforma de la Cámara de Cuentas surge en un momento en el que el Gobierno del PP sugiere que deberían eliminarse como medida de ahorro en las comunidades autónomas. Esta medida es la tercera pata del tridente por la regeneración democrática. Las otras dos son la Ley de Transparencia y la de Participación Ciudadana. Sobre la primera hubo un consenso de todos los partidos y fue aprobada en el Parlamento por unanimidad. La Ley de Participación Ciudadana, recientemente refrendada en el Consejo de Gobierno, fue muy criticada por el PP, que ninguneó la normativa y aseguró que no serviría para nada. Lo más relevante de la ley era la regulación de las consultas populares, una suerte de referéndum no vinculante que permitiera a la ciudadanía cuestionar y rechazar las políticas de la Junta y de los ayuntamientos. Sin embargo, serán consultas meramente informativas, y las administraciones podrán impedir que se celebren si justifican bien su rechazo, aunque, eso sí, tendrán que asumir el coste político de vetarlas.

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