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El freno judicial al derribo de El Algarrobico pone en pie de guerra a los ecologistas

La promotora Azata ve “de sentido común” el auto del juzgado y la Junta, aunque lo respeta, seguirá trabajando para demoler la construcción

el 10 nov 2011 / 22:18 h.

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La organización ecologista Greenpeace considera que la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente ya pueden derribar El Albarrobico si avalan económicamente la demolición, y asegura que el juzgado no puede denegar la ejecución provisional de la sentencia si alguna de las dos administraciones personadas piden su ejecución.

En una nota, Greenpeace señala que tras el auto que se hizo público el miércoles en el que el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Almería deniega la ejecución provisional de la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2008, que declaró ilegal la licencia de obras del Hotel del Algarrobico, “nunca se ha estado tan cerca de la demolición del hotel”. Ese auto recoge que si las organizaciones que hicieron la denuncia, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, hubiesen depositado una fianza suficiente para evitar posibles daños irreparables a la promotora, el juzgado habría acordado ejecutar la sentencia y la consiguiente demolición del hotel.

El motivo de la denegación de la ejecución de la sentencia es que, si se derribara ahora el hotel, se correría el riesgo de que se causara un daño irreversible a la promotora Azata del Sol y al Ayuntamiento de Carboneras.

La promotora consideró de “sentido común” el auto judicial que rechaza ejecutar la sentencia y subrayó que el cumplimiento provisional del fallo dictado en 2008 “no implicaría el derribo directo” del inmueble. “El hotel no está causando ningún daño adicional a nada, mientras que la demolición derivaría en perjuicios gravísimos en caso de que se estime el recurso que interpusimos ante el TSJA”, afirmó José Rodríguez, director general de Azata.

Desde la Junta, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, espera que “cuanto antes” termine “todo el entramado de procesos judiciales” y se pueda demoler el hotel. Insistió en que la voluntad política tanto de la Junta como del Gobierno central “es meridianamente clara” y recordó el compromiso de ambas administraciones de firmar cuanto antes un convenio bilateral en el que plasmar las competencias de cada una a la hora de derribar este hotel, de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

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