Cuarta jornada de declaración del funcionario que destapó el fraude de los cursos de formación, quien hoy ha revelado que dos altos cargos de la Junta le obligaron a expedir los diplomas de 25 cursos adjudicados a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), pese a que no fueron impartidos. El testigo ha dejado en el aire la sospecha sobre muchos cursos más de esta entidad que tampoco se habrían ejecutado. Asimismo, ha ratificado que los sindicatos percibían un 20 por ciento por subrogar los cursos y que, en cambio, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) lo que tenía era una red de empresas a las que les otorgaba sus cursos. Mañana seguirá declarando.
En la declaración de hoy, que ha durado unas tres horas, el responsable de la supervisión de los cursos en Sevilla, Teodoro Montes ha explicado que tiene constancia de que en la Faffe no se impartieron 25 cursos de la programación 2009 o 2010, pese a lo cual tuvo que expedir los diplomas. Según su versión fue la actual delegada de Economía y Empleo, Aurora Cosano, y la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María de Nova, quienes le impusieron que los expediera.
Montes ha señalado que sabía que no se habían realizado porque en el programa informático, Gefoc, no existían anotaciones, lo que quería decir que no se había ejecutado. Además, ha asegurado que existe constancia escrita de la imposición y de su negativa a realizarlo. También ha afirmado que tiene la sospecha de que ocurrió lo mismo con más cursos de la Faffe, pero no tiene constancia escrita. De hecho, en su declaración ante la Guardia Civil apuntó a la posibilidad de que fueran 450.
Por otro lado, hoy ha vuelto a ratificar que las organizaciones sindicales cobraban "un 20 por ciento" a las empresas a las que les subcontrataban cursos. En cambio, sobre la CEA, de la que ayer negó que cobrara estas mordidas, ha señalado que trabajaba con un red de empresas a las que luego les daba los cursos que la Junta le adjudicaban. A su juicio, lo que la CEA ganaba con esto era asegurarse la gran cantidad de cursos que la Junta le entregaba "sin competencia alguna". Es más, ha afirmado que estas empresas competían anteriormente por la adjudicación de estos cursos, pero al trabajar con la CEA y saber que los tenía garantizados dejaron de hacerlo. Tanto los sindicatos como la CEA, son los firmantes de la concertación social en Andalucía. Igualmente, ha destacado que sería interesante saber quién está al frente de cada una de estas empresas y sacar conclusiones, sin que haya añadido nada más.
Todo estos lo ha declarado tras haber estado unos seis minutos reunido con la jueza Mercedes Alaya y el fiscal del caso a petición propia, sin que haya trascendido nada de lo que el testigo le ha trasladado a la magistrada. Mañana continuará declarando.
