El antiguo funcionario de la Junta, Teodoro Montes, antes de entrar en los juzgados de Sevilla / EFE
En la CEA no había 20 por ciento. Esta ha sido la frase con la que el funcionario que destapó el fraude de los cursos de formación, Teodoro Montes, se ha retractado de la acusación que lanzó ayer contra la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) al asegurar que la entidad cobraba un 20 por ciento en comisiones a las empresas que subcontrataban los cursos. Igualmente, pero sí mantuvo esta misma acusación que lanzó contra los sindicatos, de los que dijo que también percibían esta supuesta mordida. Tanto los sindicatos como la CEA han anunciado posibles querellas. Además, ha señalado a 20 cargos como las personas que le impedían realizar su labor de supervisión de los cursos. Mañana continuará declarando.
24 horas después de haber acusado a estas entidades de percibir estas cuantías ilegales, Montes ha vuelto ante la jueza Mercedes Alaya, por tercer día, que ha retomado el interrogatorio por estas supuestas comisiones ilegales. Según fuentes del caso, al ser preguntado por esta cuestión el responsable del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla aseguró que en la CEA no había 20 por ciento. Sin embargo, no lo ha hecho en el caso de los sindicatos se realizara esta práctica, de cobrar por subcontratar cursos. Sin embargo, Montes no ha explicado este cambio de declaración.
Por otro lado, el funcionario ha dado a la instructora una lista con nombres de unos 20 cargos, todos ellos superiores suyos, que según ha dicho le habrían impedían el ejercicio de su competencia de supervisión de los cursos de la provincia. En este relato, no ha nombrado a ningún consejero, pero sí ha llegado hasta el cargo de director general de Formación Profesional y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), quienes serían en este caso Teresa Florido y su sucesor y actual responsable Carlos Cañavate. Igualmente, también ha citado a dos delegados provinciales, en concreto, a Antonio Rivas (que estuvo imputado por las comisiones de Mercasevilla, pero finalmente fue absuelto) y la actual, Aurora Cosano. A lo largo del interrogatorio, que hoy ha durado cuatro horas sumando ya un total de 14, también ha negado la vinculación del fraude de los ERE y la contratación de trabajadores a sabiendas por parte de la Administración andaluza, de que estos contratos no se podían hacer. Montes en su declaración ante la Guardia Civil sí dijo que "la adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas", lo cual "viene justificado por el hecho de que, ante una situación de desempleo, independientemente de la financiación de los ERE, se pretende dar nueva formación a los trabajadores afectados que permita su inserción en el mercado laboral". En este caso, llegó a dar nombres de empresas como Mercasevilla o Delphi.
Por último, ha detallado que en algunos cursos, como algunos impartidos por el SAS y, en concreto por el Hospital Macarena, en los que se recogía un módulo de 40 horas de prácticas en empresas, cuando en realidad se hacían 80 horas, el doble. De esta forma, se disponía de mano de obra gratis.
Las fuentes consultadas señalaron que la declaración de Montes recoge una serie de acusaciones muy graves, pues supone acusar de delitos como coacciones, contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.
