Probablemente estos días haya oído hablar de la privatización de los registros civiles, de que en unos meses habrá que pagar por trámites que hasta ahora eran completamente gratuitos, como la inscripción de un hijo o solicitar un certificado de defunción. ¿Pero que va a pasar realmente? ¿Cómo va a afectar al Registro Civil de Sevilla los cambios que plantea el Ministerio de Justicia? Pues la respuesta es que ni siquiera el propio magistrado del mismo sabe cómo va a funcionar a partir del 22 de julio.
La polémica sobre el futuro de estos órganos, establecidas en España desde 1870, es que el Gobierno pondrá en marcha la Ley y 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que tiene por objeto reformar la estructura actual del mismo y que fue aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Lo malo es que a estas alturas, a falta de cinco meses de su entrada en vigor, aún se desconoce cómo se va a llevar a cabo . Lo que sí está claro es que dejarán de estar en manos de los jueces, como viene siendo desde su creación, y, según recoge una carta enviada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón al Colegio de Registradores, será este organismo el que se haga cargo del mismo. La consecuencia:la imposición de tasas, aún por cuantificar, para los trámites. Sevilla es una de las pocas ciudades que cuenta con un Registro Civil exclusivo, en Andalucía es la única junto con Málaga, lo que quiere decir, que en otras provincias y partidos judiciales, el juez que se hace cargo del mismo tiene también que atender a un juzgado de Primera Instancia. Su titular, Eugenio Pradilla, prácticamente sólo tiene claro que a partir de julio dejará de estar en sus manos, pero «desconozco si se va a encargar el Colegio de Registradores». Para Pradilla esta decisión carece de sentido, pues recuerda que se trata de «una jurisdicción y no de oficina administrativa, en la que están en juego muchos derechos de los ciudadanos» como el derecho a la propia identidad o el de filiación.
Una de las quejas que plantea el magistrado no es ya ni saber qué va a ocurrir en el futuro, sino que «ni siquiera se haya contado con nosotros, con nuestra opinión para redactar la ley». Unas de las cuestiones que, a su juicio, no se tiene en cuenta en el texto es la infraestructura y el mantenimiento de un registro civil. De hecho, pese a la intención de Gallardón de dárselo a los Registradores, ellos mismos han mostrado su rechazo a llevar estos organismos, tal y como concluyeron en un congreso en Zaragoza celebrado en abril de 2013, poniendo una serie de condiciones en caso de que finalmente tuvieran que ser ellos los que deban llevarlos, como que el servicio no sea gratuito, pues no están dispuestos a asumir a sus espaldas el coste del mismo. Pradilla recuerda que sólo la infraestructura es un coste importante.
Otra de las cuestiones importantes son las instalaciones. En teoría, la nueva Ley prevé unos servicios totalmente informatizados, con firma digital que permitan hacer gestiones sin necesidad de desplazamiento, pero en la actualidad esto suena utópico. «Ahora mismo tenemos digitalizado el archivo desde 1950 hasta la actualidad», explica Pradilla, quien se pregunta qué va a pasar si un ciudadano necesita una certificación anterior a esta fecha. Pues por el momento no le va a quedar otra que desplazarse hasta el Registro Civil. Esto más o menos hasta ahora es fácil, porque en cada partido judicial hay uno, pero con la entrada en vigor de la nueva Ley no va a ser tan fácil. ¿Qué va a pasar con un ciudadano que vive en Cazalla de la Sierra que tenga que hacer algún trámite? «Probablemente tengan que hacer muchos kilómetros». El motivo es que con la Ley en la mano, habrá un registro central y luego «en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil», aunque se podrá crear «una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes». Además, «excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada aomunidad autónoma». Parece claro que Sevilla seguirá conservando su Registro Civil, pero también lo es que tendrá que asumir otros y que desaparecen muchos de los que hoy hay en la provincia. Esto lleva a preguntarnos otro cuestión: las instalaciones ¿Dónde se ubicará?
Es otra duda sin resolver, pues si son los registradores quienes lo asuman, ¿implica esto un traslado? Pero entonces, ¿qué ocurriría con el inmenso archivo que arrastra cada oficina? Lo más lógico sería que el Registro Civil se mantuviera en sus actuales instalaciones, pero es muy probable que hasta las mismas se tengan que trasladar archivos de otros organismos, que difícilmente cabrían en las actuales instalaciones, situadas en el edificio Viapol.
Otra cuestión importante es el personal. «No va a suponer un ahorro porque los jueces que llevamos en exclusiva un registro seguiremos cobrando del Ministerio de Justicia, en otra plaza», dice Pradilla, una afirmación que mantienen los propios funcionarios. «No sé lo que pasará, pero a nosotros nos tendrán que reubicar en otros juzgados», dice uno de ellos, en el caso de que pasen a manos de los registradores, quienes «tendrán que hacer un aumento de plantilla». Otro de los motivos por lo que es más que probable que se comience a cobrar por los trámites. Además, hay que «formar a los nuevos encargados de los registros, cuando ya hay jueces que lo están». En definitiva, demasiadas dudas ante las que los sindicatos ya están anunciando movilizaciones.
