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El Gobierno aborda "las vías legales" para liberar el ‘Alakrana’

Una solución sería la aplicación de la Ley de Extranjería a los piratas

el 10 nov 2009 / 21:21 h.

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El atunero vasco ‘Alakrana’, en la imagen, fue secuestrado por los piratas el 2 de octubre.

El Gobierno intensificó ayer las gestiones y las "consultas internas" para salvar el escollo que para la resolución del secuestro del atunero Alakrana supone la presencia en España de dos de los piratas, cuya defensa propuso que se les aplique la Ley de Extranjería y se les expulse a Somalia.


Los familiares de los marineros fueron informados de la situación procesal de los dos detenidos y de las gestiones del Ejecutivo para liberar a la tripulación del atunero en sendas reuniones mantenidas con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y con el del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de las cuales declinaron hacer declaraciones. Ese mutismo, que contrasta con la actitud que las familias mantenían hasta ahora, unido a los llamamientos a la discreción y la prudencia hechos el lunes por Zapatero y ayer por otros miembros del Gobierno, puede ser interpretado como una señal de que se está ultimando la salida jurídica que permita satisfacer la demanda de los piratas de que España devuelva a sus dos compañeros.


Zapatero transmitió ayer su solidaridad a las familias de los marineros, dijo que comprende su "grave inquietud" y aseguró que el Ejecutivo trabaja intensamente para lograr la liberación.


Propuesta. La solución podría ser la apuntada por el abogado de uno de ellos, Francisco Javier Díaz Aparicio, que pidió que se aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión- y el juez acuerde la expulsión de su representado y del compañero de éste en un plazo máximo de tres días.


Consciente de que los delitos de los que se acusa a los dos somalíes -asociación ilícita, detención ilegal y uso de armas- llevan aparejadas penas muy superiores, el letrado, que representa al joven Abdu Willy, sugirió que sean considerados cómplices y no autores de los mismos, lo que supondría un castigo más leve.


Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional creen poco factible esta salida, especialmente si no recibe el apoyo de la Fiscalía, que ayer evitó comprometerse con Díaz Aparicio, quien interpreta que el fiscal de la Audiencia "no tiene capacidad de decisión y espera las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia".
¿Quién paga al letrado? Sea o no ésta la solución en la que trabaja el Gobierno, lo cierto es que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tuvo ayer que negar públicamente que el Ejecutivo haya encargado a Díaz Aparicio la defensa de Abdu Willy en sustitución del abogado de oficio que le representaba hasta ahora. También el letrado fue interrogado sobre esta cuestión y declinó responderla tras decir que entendía "el interés informativo" de la misma.


Moratinos, que compareció ante los medios tras una nueva reunión de la Comisión de Coordinación de seguimiento sobre el secuestro, anunció que el Gobierno somalí se ha comprometido "a redoblar" sus esfuerzos para lograr la liberación de la tripulación del pesquero, de la que ha dicho que se encuentra "bien".


El PP expresó su apoyo a las gestiones del Gobierno, aunque la portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó que ese respaldo hace que el Ejecutivo tenga un plus de responsabilidad. Las críticas llegaron ayer por parte del nuevo embajador británico en España, Gilles Paxman, quien destacó que la posición del Gobierno británico ante secuestros de sus ciudadanos es la de "no ceder" ante las exigencias de los raptores porque hacer concesiones a los delincuentes puede animarles a cometer nuevos secuestro.

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