Economía

El Gobierno acorrala a las firmas que ofertan créditos 'milagrosos'

Se venden como créditos milagrosos y con condiciones irresistibles, pero no es oro todo lo que reluce. El Gobierno va a regular la actividad de las firmas que no son entidades financieras aunque otorgan préstamos y reunifican las deudas.

el 15 sep 2009 / 07:23 h.

Se venden como créditos milagrosos y con condiciones irresistibles, pero no es oro todo lo que reluce. El Gobierno va a regular la actividad de las firmas que no son entidades financieras aunque otorgan préstamos y reunifican las deudas. El objetivo: transparencia para que los consumidores no se lleven desagradables sorpresas en las cuotas.

Los buzones de correos están siempre llenos de folletos de publicidad de firmas financieras que ofrecen créditos milagrosos, porque o bien son rápidos y baratitos, o bien permiten reunificar deudas en un único préstamo con cuotas, por supuesto, más mucho más baratas. Carecen de regulación -al mediar sólo un contrato entre quien pide y quien presta- y su creciente importancia ha obligado al Gobierno a regular su actividad.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que regula la concesión de créditos y de préstamos hipotecarios por las empresas que no son entidades financieras, así como los servicios de intermediación o reunificación de deudas (préstamos al consumo e hipotecas en un solo contrato).

El proyecto de ley, que se debatirá en el Parlamento, fija las obligaciones de transparencia e información de dichas empresas que se traducen en elementos de protección a los consumidores, explicó el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria. Entre dichas obligaciones está la inscripción "imprescindible" de estas compañías en un registro público estatal, que se creará para incluir a las entidades no financieras y se nutrirá fundamentalmente de los registros similares autonómicos.

La nueva norma regulará la transparencia en los contratos, en la publicidad que se envíe, en el tipo de interés anual aplicado o en el precio total incluyendo las comisiones y los gastos. Además, fijará la información previa que las entidades no financieras envían al consumidor para que éste tenga el "contenido mínimo" de los contratos, al menos, 15 días antes de su firma y si existe la obligación de que el cliente contrate un seguro de responsabilidad o un aval bancario.

La legislación incluirá también la posibilidad de que los consumidores puedan desistir en 14 días y tendrá la finalidad de proteger al usuario asegurándole en todo momento un conocimiento "pleno" de los términos en que se realiza cada operación para que pueda decidir libremente.

Con esta norma, el Gobierno trata de "proteger" los derechos de los consumidores al evitar falsos anuncios de "supuestos créditos milagrosos" o condiciones financieras "aparentemente irresistibles" y, al mismo tiempo, dotar de seguridad jurídica a las entidades no financieras.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que el Ejecutivo quiere que el funcionamiento del sistema financiero español siga siendo "de los mejores del mundo" y evitar que entren en el mercado "insolventes, estafadores y temerarios".

Este proyecto afecta a un gran número de empresas particulares, conocidas como entidades de mediación de créditos, y que no están sometidas a la supervisión del Banco de España ya que no son estrictamente entidades financieras. El Gobierno explicó que, a pesar de tratarse de un sector de actividad de "importancia creciente" en España, la normativa actual resulta "fragmentaria e incompleta", y se refiere fundamentalmente a las entidades de crédito convencionales.

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