El Gobierno, a través de la Agencia de Protección de Datos, acusó ayer a Educación de haber estado usando una orden que infringe la ley, al obligar a los colegios a publicar datos personales de alumnos. En una resolución pide a la Junta que retire esa norma, y que limite la difusión de datos sobre menores en "tablones de anuncios, Internet o boletines oficiales". La consejería ya ha anunciado que la cambiará.
Educación tiene en las manos una normativa regional que "vulnera la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal". Así consta en la resolución que ayer hizo pública la Agencia de Protección de Datos, a raiz de la denuncia de unos padres que acusaron a la Delegación de Educación de Sevilla de enseñar el expediente de su hijo a otras familias. Ese derecho permitía que cualquier familia pudiera investigar si otro alumno había cometido un fraude en su solicitud de matrícula, en detrimento de su hijo.
En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la Agencia insta a la Junta a retirar cuanto antes esa orden, por considerar que incurre en una "infracción muy grave", porque obliga a los colegios a publicar datos personales de los niños, de los que depende la puntuación para lograr plaza en un colegio: minusvalía en la unidad familiar, enfermedad crónica del alumno, nivel de renta familiar, domicilio...
No a todos los colegios les gustaba esa orden, de hecho el año pasado algunos centros concertados se negaron a cumplirla y remitían los expedientes de sus alumnos a la delegación para que fuera la que los mostrara. Este año, la delegación envió unas instrucciones muy rotundas a los centros concertados obligándoles a enseñar los expedientes a los padres que lo pidieran.
El problema es que en los últimos cinco meses la consejería ha echado mano de esa orden y de la Ley de Procedimiento Administrativo para legitimar sus decisiones en asuntos que ahora no están tan claros: facilitar la investigación y las denuncias por fraude escolar; obligar a los colegios concertados a hacer públicos los datos sobre violencia escolar en el sistema informático de la consejería (algo a lo que éstos se habían negado en bloque) y publicar en el BOJA el nombre y apellidos de los menores que objetaron en Educación para la Ciudadanía.
Todos esos casos están denunciados por padres o asociaciones ante la Agencia de Protección de Datos, a espera de una resolución. Pero el primero y único que se ha resuelto deja entrever que todos serán sometidos a la misma consideración: "La Agencia alerta de la necesidad de limitar la difusión de datos que puedan ser vistos por terceros en formatos accesibles al público como tablones de anuncios, Internet o boletines oficiales", sobre todo los relativos a la salud del menor.
A última hora de ayer, la consejería emitió un comunicado anunciando que acepta el dictamen de Protección de Datos y que modificará la orden, pero sólo en lo referente al "procedimiento de admisión de alumnos". Educación no considera que la resolución pueda extrapolarse a los otros casos que han sido denunciados, pese a que la resolución ya advierte que está investigando si también se ha infringido la ley al hacer públicos "nombres y apellidos, titulación o nivel educativo, datos de salud, renta, domicilio o resultados de exámenes".
La consejería no va a recurrir la resolución ante el Supremo ni ante la Audiencia Nacional. De momento ha aceptado cambiar la orden y, en vez de publicar los puntos de los alumnos que optan a una plaza en cada uno de los criterios del baremo (domicilio, renta...), se colgará del tablón de anuncios la puntuación final ya sumada. Aún así, las familias que se sientan discriminadas en el reparto de plazas seguirán teniendo acceso a los expedientes de otros niños, previa petición.
discrepancias. La resolución de ayer surge de una denuncia de unos padres contra la Administración en 2005. Acusaron a Educación de proporcionar datos de su hijo a otras familias, que buscaban arrebatarle su plaza en el colegio concertado Escuelas Francesas. Ese mismo año, la dirección del centro había comunicado a la delegación su recelo a mostrar la matrícula de un niño a otros padres, pese a que legalmente tenía obligación de hacerlo. El curso pasado, viéndose en la misma disyuntiva, el colegio hizo una consulta a un gabinete jurídico para saber qué debía hacer. ¿Estaba la Ley de Protección de Datos por encima de la normativa de Educación? El asesor legal les recomendó que "no se comprometieran a mostrar las matrículas porque podrían abrirle un expediente".
